Comunidades terapéuticas en Perú: La historia se repite

El 11 de julio de 2013 se produjo un incendio en un centro de rehabilitación juvenil para personas que sufren de adicciones, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Unos meses antes, se suicidó un interno en este mismo centro.

En su comunicado, el Centro de Investigación Drogas y DDHH (CIDDH) denuncia estos hechos y la absoluta falta de voluntad del actual gobierno para abordar la problemática de las adicciones en el Perú.

Acaso no bastó la muerte de 43 personas en los incendios en los centros de rehabilitación Sagrado Corazón de Jesús (mayo 2012) y Cristo es Amor (enero 2012). Ambos centros operaban en la informalidad a vista y paciencia de las autoridades y comunidades que poco entienden el fenómeno del consumo de drogas.

Los incendios e intentos de suicidio constituyen un intento desesperado de denunciar los abusos cometidos en dichos centros de rehabilitación donde la violencia y los tratos degradantes e inhumanos, son frecuentes. Asimismo, el propio MINSA (DISA IV Lima Este) avala prácticas dudosas como el uso de barrotes en centros de rehabilitación a fin de prevenir fugas e intentos de suicidios.

En mayo de 2012, DEVIDA, ente rector en materia de drogas, pidió ejercer una mejor regulación sobre los centros de rehabilitación privados de drogadicción. Recordemos que la falta de servicios públicos de atención, tratamiento y rehabilitación para personas con adicciones favoreció la aparición de unos 400 centros de rehabilitación privadas – siendo la mayoría informales.

A fin de colmar estas lagunas, se impulsó un marco normativo que no solo deja en manos de los particulares la atención, el tratamiento y la rehabilitación de personas con adicciones (Ley Nº 29765) sino que establece un reglamento demasiado ambicioso que regule el establecimiento y ejercicio de los 400 centros de rehabilitación a nivel nacional (DS 006-2012-SA). No obstante, el MINSA reconoció no tener capacidad para detectar dichos centros y, por ende, fiscalizarlos.

Este hecho demuestra una vez más la falta de interés del Gobierno peruano, a través de DEVIDA y del sistema de salud, en avanzar hacia la elaboración e implementación de una normativa que regule de forma eficiente la oferta pública y privada de atención, tratamiento y rehabilitación de personas con adicciones. El laxismo a este respecto refleja la idea de exclusión y marginación que habita el imaginario social del Estado y la sociedad en general frente al consumo de drogas.

Más allá de las responsabilidades penales (sentencia de 18 años a dueño de Cristo es Amor) y políticas (DEVIDA, MINSA, Municipalidades), se requiere un esfuerzo compartido a fin de prevenir estos hechos y brindar un trato digno a aquellas personas que sufren de adicciones. DEVIDA, en su calidad de entidad rectora, no puede escapar a esta responsabilidad y debe impulsar medidas legales y medios técnicos necesarios para la adecuación, formalización y fiscalización de todos estos centros. De lo contrario, seguirán ocurriendo incidentes lamentables, como incendios, torturas y suicidios.

Finalmente, recordemos que según la Guía sobre Políticas de Drogas del IDPC (2012, www.idpc.net), “los enfoques de tratamiento deben respetar los derechos humanos y el principio fundamental de la elección personal a la hora de ingresar o no en un programa de tratamiento, así como de cumplir o continuar con éste. Con ello, no sólo se observan las obligaciones en materia de derechos humanos, sino que también se garantiza la eficacia del programa”.

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