Mujeres y políticas de drogas
Demostración liderada por mujeres como parte de la campaña Apoye. No Castigue. Con el apoyo de WHRIN.
Foto: AILES
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Las consecuencias negativas de las políticas de drogas sobre las mujeres, tanto cis como trans, son a menudo ignoradas. El IDPC amplifica las voces de las mujeres, incluído a través de colaboraciones con organizaciones feministas, en su trabajo de incidencia por reformas que respondan a las desigualdades por motivos de género perpetuadas por las políticas de drogas.
Las mujeres que consumen drogas tienen muchas más probabilidades de experimentar violencia por parte de sus cónyuges, y de actores comunitarios y estatales como la policía, debido a la criminalización, discriminación y estigmatización. Ellas viven con tasas más altas de mortalidad, VIH y SIDA, exclusión social, estigma y discriminación, así como un acceso más deficiente a la justicia y servicios de salud.
A nivel global, la proporción de mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas (35%) es significativamente mayor que la de hombres (19%), correspondiendo a América Latina y el Sudeste Asiático los porcentajes más altos. Muchas de ellas presentan bajos niveles de instrucción, viven en la pobreza y son las principales responsables del cuidado de personas dependientes tales como niños, ancianos y personas discapacitadas.
Las muchas dificultades que enfrentan las mujeres en situación de detención o encarcelamiento incluyen la dependencia a las drogas y problemas de salud mental, vulnerabilidad ante el abuso sexual, necesidades de atención de salud reproductiva, y separación de sus dependientes y otros seres queridos. También es más difícil para las mujeres con antecedentes de encarcelamiento por delitos relacionados con drogas encontrar empleo, vivienda y apoyo financiero cuando vuelven a sus comunidades, debido al alto nivel de estigma asignado a la participación en la industria ilícita de las drogas o cualquier actividad relacionada con estas sustancias.
Pese al número cada vez mayor de mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas en todo el mundo, sus necesidades características y específicas han sido mayormente desconocidas y desatendidas por los gestores de decisiones en la implementación de leyes sobre drogas y al interior del sistema de justicia penal.
El IDPC amplifica las voces de las mujeres, incluído a través de colaboraciones con organizaciones feministas, en su trabajo de incidencia por reformas que respondan a las desigualdades por motivos de género perpetuadas por las políticas de drogas.
