Salud

Ya sea por sobredosis, enfermedades transmisibles como el VIH y la hepatitis, carencia de analgesia, tratamientos ineficaces contra la dependencia a las drogas, estigma y discriminación, o tortura – las políticas punitivas de la “guerra contra las drogas” causan y exacerban daños y violan el derecho humano universal de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Nuestro trabajo promueve la prioridad de los resultados sanitarios sobre el castigo, para garantizar el acceso a servicios de reducción de daños, tratamiento y prevención basados en la evidencia y adecuadamente financiados, así como a medicamentos bajo fiscalización.

Según información proveniente de la ONU, aproximadamente 270 millones de personas en todo el mundo –5 por ciento de la población adulta— consumen drogas ilícitas. De este número, aproximadamente 36 millones presentan un consumo dañino y/o dependencia, y cerca de 11 millones de personas se inyectan drogas. Trágicamente, cada año se producen 585,000 muertes atribuidas al consumo de drogas, con el resultado de la pérdida de 42 millones de años de vida “saludable”. Las personas que consumen drogas tienen una probabilidad 29 veces mayor que la población en general de vivir con el VIH.

Un enfoque de reducción de daños basado en evidencias puede disminuir y reparar significativamente este daño. La reducción de daños implica un enfoque pragmático exento de juicios de valor para apoyar a las personas que consumen drogas, y comprende un rango de servicios que incluyen programas de intercambio y provisión de agujas y jeringas, salas para consumo supervisado de drogas, tratamientos con fármacos, análisis de drogas, prevención de la sobredosis, y mucho más. La reducción de daños incluye servicios liderados y proporcionados por agentes comunitarios, y cuenta con amplio respaldo y promoción por parte de agencias de la ONU, gobiernos, agencias donantes y académicos – tanto en entornos carcelarios como en la comunidad.

Pero las políticas referidas a drogas no sólo dañan a las personas que consumen estas sustancias. Muchas sustancias sujetas a control a nivel internacional también son medicinas – y muchas de ellas se encuentran clasificadas como medicinas esenciales. Como resultado de estos controles y regulaciones, de barreras logísticas y financieras, y de la promoción de una cultura de temor hacia los opioides, más del 80 por ciento de la población mundial tiene actualmente un acceso limitado o nulo a medicinas basadas en opioides para controlar el dolor. Éste es otro evidente fracaso del sistema internacional para el control de drogas.

Finalmente, las políticas punitivas sobre drogas también pueden impactar en la salud física y mental de las personas de las maneras siguientes (y de otras): uso de productos químicos dañinos durante la erradicación de cultivos; encarcelamiento masivo; violencia, incluyendo violencia de género y por parte de agentes del Estado; y el avivamiento de sistemas transversales de opresión (incluyendo la pobreza y el racismo).

Las convenciones internacionales sobre drogas se comprometen a asegurar “la salud y el bienestar de la humanidad”, de manera que los gobiernos deben replantear sus prioridades para centrarse sobre resultados de salud en vez de las medidas punitivas – enfocando su atención y recursos financieros en la reducción de daños basada en evidencias, servicios de tratamiento y prevención, y asegurando el acceso a medicinas esenciales.