ONUSIDA hace un llamado a una respuesta bien financiada, basada en evidencia y que afirme los derechos humanos para contrarrestar la amenaza de la continuación y resurgimiento de la pandemia.
Instituto RIA e Intersecta advierten un recrudescimiento de la "guerra contra las drogas", con mayor criminalización de personas marginalizadas y restricciones en el accceso a derechos y servicios.
DPA y HRI condenan la contribución multibillonaria de EE. UU. a las respuestas punitivas, instando a una mayor transparencia y a un compromiso con un enfoque basado en los derechos.
El IDPC se complació de unirse al lanzamiento de la Carta, acogiendo con satisfacción su compromiso con la participación de la sociedad civil y animando al liderazgo político a dotar de recursos su aplicación.
La Comisión Global de Políticas sobre Drogas expone el papel de las políticas prohibicionistas en el fomento de las inequidades y ofrece una hoja de ruta para la reforma, que incluye medidas de reducción de daños, descriminalización y la regulación legal de los mercados de drogas.
El Comité recomienda la descriminalización, la mejora de las opciones de tratamiento, la ampliación de los servicios de reducción de daños y el abordaje de la inequidad social.
Stenström et al. evalúan la criminalización de las drogas en Suecia, mostrando que no ha reducido el consumo problemático de drogas ni las muertes relacionadas con estas, y que, en cambio, es costosa, ineficaz y perjudicial.
Smiley-McDonald y colegas encontraron que, a pesar de la descriminalización, las personas que usan drogas en Oregón continuaban enfrentándose a altos niveles de control policial, encarcelamiento y confiscación de drogas, mientras que la concientización sobre la descriminalización seguía siendo baja.
Hoyle y Harry discuten cómo los marcos de moralidad, compasión y tradicionalismo moldean los resultados de la justicia penal y las respuestas punitivas, informando los esfuerzos para desafiar la política penal severa y la pena capital en la región.
