Drogas y paz en Colombia
En septiembre de 2012 cuando se iniciaron las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, toda clase de pronósticos y cábalas auguraban pocas perspectivas a los diálogos de la Habana. ¿Quién se hubiera atrevido en ese entonces a asegurar que un año más tarde la mesa de negociaciones se encontraría ya a punto de abordar el cuarto asunto de la agenda dedicado al tema de las drogas? Esto es ya de por sí una buena noticia.
El cuarto punto del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera y estable se titula, “Solución al problema de las drogas ilícitas” y tiene tres numerales. El primero se refiere a la sustitución de cultivos de uso ilícito y menciona planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades. El segundo se refiere a la prevención del consumo y a la salud pública. Y el tercero al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos. Cubriendo así todos los eslabones de la cadena de las drogas.
Dentro de la línea que han asumido los negociadores del Gobierno y de las FARC en La Habana de convocar a los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, academia e instituciones pertinentes para que expresen sus puntos de vista sobre los temas de la agenda, han pedido ahora a estos sectores que se reúnan y hagan sus propuestas sobre las drogas. Del 24 al 26 de septiembre se realizará un foro nacional en Bogotá organizado por el Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional y por la oficina de la UNODC en Bogotá, al que asistirán delegados de las regiones productoras del país, expertos, académicos y observadores internacionales. Y del 1 al 3 de octubre tendrá lugar un foro en San José del Guaviare con la participación de productores, organizaciones locales y gremios regionales de los departamentos más afectados, con el fin de recoger testimonios de personas y organizaciones de las regiones que desde hace décadas padecen el problema del narcotráfico para que aporten su visión de la situación y alternativas.
Desde sus respectivas perspectivas estos dos foros tienen ahora la posibilidad de presentar propuestas que serán escuchadas por las partes y que, de concluirse de manera exitosa la agenda de la paz, deberán ser respetadas e implementadas por el Gobierno.
El problema de las drogas, particularmente en las zonas rurales, es extremadamente complejo y está íntimamente relacionado con temas estructurales del desarrollo agrario, el primer punto de la agenda de la paz. Su ‘solución’ está pues en muchos aspectos amarrada a la solución agraria. Los programas de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo en general sólo serán efectivos cuando las comunidades rurales tengan aseguradas unas mínimas condiciones de vida que les permita no tener que recurrir al cultivo de uso ilícito y a la producción y venta de narcóticos. Esta es una verdad de Perogrullo. Pero si los poderosos sectores económicos y políticos que a lo largo de este año han estado obstaculizando los acuerdos respecto a la distribución, restitución y usos de la tierra persisten en esta actitud, muy probablemente los campesinos seguirán recurriendo a la economía ilegal.
En contraste con la compleja situación del campo, es más realista esperar en el corto plazo soluciones por el lado del consumo y de la salud pública. A este respecto hay numerosos ejemplos en el mundo sobre los que Colombia podría inspirarse. No solamente en las prácticas de reducción de daños que han dado buenos resultados, sino en los cambios en la legislación de drogas tendientes a despenalizar el consumo de sustancias, contribuyendo a eliminar el problema del hacinamiento de las cárceles, y a que la ley no se aplique con más rudeza sobre las poblaciones más vulnerables como sucede actualmente. También, a tono con lo que está sucediendo en otros países del hemisferio, Colombia podría comenzar a considerar una regulación de la producción y venta de la marihuana. El Gobierno colombiano está preparando un nuevo estatuto de estupefacientes. Este es un buen momento para incidir en las decisiones sobre drogas, los participantes en estos foros podrían tener estos aspectos en cuenta a la hora de hacer sus propuestas a la mesa de La Habana. Para el Gobierno de Santos será también la oportunidad de demostrar la buena voluntad que lo ha caracterizado internacionalmente hacia un cambio de paradigma.
Debido a la proliferación de bandas criminales en importantes regiones del país las cuales seguirán actuando, la paz no se obtendrá solamente con el silencio de las armas de la guerrilla. La paz resultará cuando haya un mínimo de justicia social y económica en las amplias regiones rurales en las que proliferan economías ilícitas, no sólo la relacionada con los cultivos de plantas a partir de las cuales se producen drogas, sino la relacionada con la minería ilegal que ha tomado tanto auge en los últimos años, y con el contrabando de bienes. La paz es un proceso que se va construyendo a medida que se van deconstruyendo los factores que generan inestabilidad y malestar.
“Nada está acordado hasta que todo esté acordado”, es la última frase del Acuerdo General que discuten las partes que pesa como una amenaza latente, un constante recordatorio de que el camino avanzado podría esfumarse si no se logra completar la agenda establecida. El clima de malestar social que se ha expresado las últimas semanas en el país - paro agrario, bloqueo de carreteras – que podría interpretarse también como una señal positiva de cambio, los sectores más pobres del campo se están atreviendo a exhibir su miseria y a exigir sus derechos, podría igualmente afectar el curso de las conversaciones si el Gobierno no logra dar una respuesta coherente a esas exigencias.
Un debate sobre las drogas en Colombia tiene dimensiones más amplias que la actual coyuntura de la paz, y hay que verlo dentro del debate regional latinoamericano en donde importantes propuestas concretas han hecho grandes progresos. Es decir, en Colombia no necesariamente habrá que esperar a que “todo esté acordado” en términos del desarme de la guerrilla y su incorporación a la vida civil para que sea posible darle un giro a las políticas y leyes de drogas.
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