Un paso atrás en las políticas de drogas en España: ¿Una criminalización de facto del uso de cannabis?
En las últimas semanas, la atención de la comunidad internacional de política de drogas ha estado centrada en la regulación del cannabis en Uruguay. La importancia de este paso ha sido respaldada por múltiples organizaciones de la sociedad civil y líderes de opinión pública alrededor del mundo. Esto contrasta sin embargo con el retroceso emprendido por España, donde un nuevo anteproyecto de ley – paradójicamente llamado Ley de Seguridad Ciudadana – fue aprobado el pasado 29 de noviembre por el Congreso. Este anteproyecto de ley propone, entre otros, un incremento de las multas impuestas por posesión de pequeñas cantidades de cannabis para uso personal hasta un mínimo de 1,001 euros y un máximo de 30,000 euros.
Esta decisión es parte de un paquete de medidas que también limita severamente los Derechos de huelga, manifestación y libertad de expresión. Según el partido conservador gobernante, el Partido Popular, que posee mayoría absoluta en el parlamento – y que por tanto no tiene obligación de negociar la ley con otros grupos parlamentarios – el objetivo de la ley es mantener “el orden público”. El tono es tan duro que el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, respondió a las críticas de la Comisión Europea acusándola de no haberse leído la totalidad de la ley.
El anteproyecto de ley podría ser aprobado en las próximas semanas por el Congreso. En caso de que la ley pase, la posesión de cannabis continuará siendo considerada una falta administrativa, pero en la práctica las altas multas asociadas con ella podrían llevar a una criminalización de facto.
Esto podría causar no solo un retroceso en los derechos civiles y de los usuarios, sino también entrar en contradicción con los actuales procesos y debates sobre la regularización y legalización del cannabis que están teniendo lugar en el parlamento vasco y catalán. Por tanto, esta decisión también implica controversias territoriales.
En este contexto, uno de los casos que ha llamado la atención de la opinión pública internacional es el proceso abierto por la justicia española al club social de cannabis Pannagh en el País Vasco.
Dos años después de su cierre preventivo, la Fiscalía Antidroga solicitó sentencias de prisión que suman los 22 años y multas de casi 2,5 millones de euros para los cinco miembros de la asociación.
La decisión tomada por la Fiscalía también contradice la sentencia emitida por la Corte Suprema en octubre de 2001 y julio de 2003 que establecía que “la posesión de cannabis, incluidas grandes cantidades, no es un delito si no hay una intención clara de tráfico”. La decisión también sitúa a otros clubes sociales de cannabis españoles en la incertidumbre jurídica, ensombreciendo el gran avance en materia de políticas de drogas realizado anteriormente por el país.
El enfoque adoptado por Pannagh es paradigmático. Éste es el mayor y más antiguo club cannabico en la península, en donde hay alrededor de unos 700 clubes. Martin Barriuso Alonso, Presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) define estos clubes en un informe del TNI como “organizaciones no comerciales de usuarios que se asocian para cultivar y distribuir cannabis suficiente para suplir sus necesidades personales, sin tener que buscarlo en el mercado negro”. Según la última publicación de Transform, Como regular el cannabis: Una guía práctica, estos clubs permiten un suministro personal diario de, como media, 3 gramos por persona.
Esta modelo ha sido replicado en Uruguay: los clubs sociales de cannabis son una de las cuatro maneras en las que el cannabis puede ser producido, distribuido, vendido y consumido, ya que estos clubes han mostrado ser un modelo efectivo para reducir el acceso al Mercado negro y para ofrecer una mejor calidad de los productos, reduciendo los riesgos asociados con el consumo.
¿Qué, entonces, subyace en la decisión del gobierno español? Lejos de ser espontánea, la decisión de la Fiscalía sigue una lógica conservadora que no solo ignora la jurisprudencia, sino también los logros realizados por los modelos de descriminalización, la participación de la sociedad civil en la gobernanza y el bienestar de la sociedad, los debates que se llevan a cabo en los parlamentos autonómicos y las consideraciones en torno a los usos terapéuticos del cannabis.
En agosto de 2013, la Fiscalía del estado publicó una instrucción sobre los temas relacionados con las asociaciones promotoras del cultivo de cannabis. La instrucción se hace eco de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 y de una serie de leyes nacionales que se remontan a 1967 y que consideran el cultivo de cannabis ilícito a no ser que haya “permiso administrativo”. Aunque la instrucción reconoce que la jurisprudencia permite el “uso compartido de drogas” promueve un enfoque penal hacia el mismo y considera la producción de cannabis como un “delito de salud pública”.
La sociedad civil española ha contestado ampliamente la imposición de la “Ley de seguridad ciudadana” (Una petición de Avaaz, por ejemplo, ha recogido más de 250,000 firmas). Una serie de acciones han sido llevadas a cabo por varios grupos de la sociedad civil para crear conciencia de las preocupantes consecuencias implícitas en las duras leyes sobre drogas y como pueden afectar nuestros derechos humanos, especialmente en un contexto en el cual las convenciones de drogas de la ONU, la guerra a las drogas y los modelos prohibicionistas están siendo contestados a diferentes niveles con la adopción de un amplio abanico de iniciativas.
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