Reseña coyuntural sobre las actuales políticas de drogas en El Salvador

La legislación vigente relativa a las drogas en El Salvador, regulada por el Decreto N°153 está basada en el paradigma prohibicionista, fundamentado teórica y metodológicamente por el modelo represivo y punitivo de la "Guerra Contra Las Drogas". Este modelo, formulado, difundido e implementado desde diversas agencias gubernamentales de Estados Unidos, ha resultado ser lesivo generando secuelas indeseables como la criminalización y estigmatización social, laboral, familiar y educacional, además de las consecuencias físicas y psicológicas para las personas que usan drogas y su entorno socio-cultural.

Actualmente el Estado Salvadoreño no reconoce que cárteles del narcotráfico operan en el país, sin embargo el territorio nacional es utilizado como zona de tránsito, redistribución y reexpedición mayormente de cocaína y heroína. La proliferación de laboratorios clandestinos para la fabricación local de drogas sintéticas como las metanfetaminas, la utilización de menores para el narcomenudeo y el "kingpin act" de 2014 firmado por el presidente Barack Obama, en el cual está incluido el ciudadano salvadoreño José Salazar Umaña ("Chepe diablo"), son evidencias claras que nuestro país es un ejemplo de la ineficacia teórica y fracaso operativo de la "Guerra Contra las Drogas ".

Si se comparan los resultados de las investigaciones más recientes sobre Políticas de Drogas, Reformas y Nuevos Lenguajes del "Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública ", se puede establecer que la percepción sobre el aumento del narcotráfico ha aumentado en El Salvador de un 76% a un 97% en el período 2012-2014. Ante esta situación es importante destacar que se sigue sosteniendo la tesis oficial que en el país sólo existen "colaboradores de organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico”.

En los últimos años el debate alrededor del fenómeno de la drogas ilícitas, que durante mucho tiempo ha estado dominado por posturas represivas y punitivas enmarcadas en estrategias prohibicionistas, comenzó a abrirse y a tomar un nuevo impulso. Las propuestas alternativas a las actuales políticas de drogas impulsadas desde cada vez más Gobiernos (entre ellos Portugal, España, Holanda, Uruguay, Guatemala y Estados Unidos) han ido tomando fuerza, no sólo por la claridad de sus planteos ante el fracaso de la guerra contra las drogas sino que también por las medidas democráticas tomadas en cuenta para implementar políticas públicas concretas, en favor de los derechos esenciales y las libertades individuales.

Ante el avance hacia la posguerra contra las drogas y el recrudecimiento de la violencia en El Salvador, ante la caótica situación donde las y los usuarios de sustancias son víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, donde las juventudes son criminalizadas, la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador (IEPES) ha dado los primeros pasos para iniciar un proceso que lleve a una efectiva reforma a las políticas de drogas actuales. Desde el comienzo de esta iniciativa y hasta el momento, se han sumado personas voluntarias, agrupaciones, instituciones y organismos nacionales e internacionales llevando a cabo una labor de incidencia único en el ámbito académico, político y público en El Salvador. Uno de los pilares fundamentales se basa en que existe abundante evidencia científica acerca de la ineficacia de la política represiva en materia de control de sustancias psicoactivas y ha quedado suficientemente comprobado que una política de control de drogas efectiva debe ser fundada en criterios de Salud Pública y de Derechos Humanos.

Desde esta posición IEPES observa, como actores responsables desde la sociedad civil que:

• Los elementos de las fuerzas armadas relacionados al combate al narcotráfico, han percibido favorablemente y asumido la necesidad de un debate serio para lograr una reforma que redireccione los recursos hacia un combate efectivo contra estructuras criminales organizadas.
• La Comisión Nacional Antidrogas, ha demostrado ser una instancia invisibilizada e ineficaz. Resulta especialmente preocupante la falta de colaboración para la resolución de los cuestionarios para los informes anuales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En consecuencia, las valoraciones, conclusiones y tendencias extraídas de los datos por parte de la ONUDD para el Informe Mundial Sobre Drogas se deben abordar como intrínsecamente provisionales, parciales y subjetivas, sobre todo en lo que se refiere al consumo de drogas.
• Las autoridades de la Academia Nacional de Seguridad Pública se muestran convencidos ante la necesidad de capacitar a sus agentes en metodologías de Gestión de Riesgos y Reducción de Daños para profundizar la prevención de la violencia y la reducción de demanda de drogas.
• Existe voluntad entre los funcionarios relacionados directamente en el combate al narcotráfico para la búsqueda de alternativas viables, sin embargo, también existe falta de voluntad política de parte de las y los legisladores salvadoreños.

Queda más que claro, que urge la reforma integral a las actuales políticas de drogas, donde se incluyan políticas de prevención y educación validadas con datos científicos y honestos desprovistos del prejuicio y mitificación de las personas que usan drogas y de las sustancias psicoactivas mismas. La seguridad nacional depende de un viraje de gran envergadura para lograr superar la actual crisis. Es necesaria una legislación responsable, audaz y superadora, basada en la ciencia y la justicia ya que de ella depende el presente y futuro del país.

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