Clubes sociales de cannabis en Barcelona: un modelo que merece la pena defender

Este blog fue publicado originalmente por ICEERS en su sitio web, disponible aquí.

Hace más de veinte años, surgió en Barcelona un enfoque innovador de la regulación y el consumo de cannabis con la creación de los clubes sociales de cannabis (CSC). Los CSCs operan como organizaciones sin ánimo de lucro, proporcionando espacios seguros para que los adultos consuman cannabis de forma responsable y creen una alternativa más segura al mercado no regulado. Este modelo innovador se ha convertido en un ejemplo inspirador para la reforma de la política internacional de drogas, atrayendo el interés internacional de países como Uruguay, Malta y Alemania. A pesar de operar en una zona jurídica gris, los CSC de Barcelona y Cataluña han contribuido decisivamente a dar forma a un enfoque más integrador e informado de la legislación sobre cannabis.

Con la llegada de un nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), y su equipo de gobierno, se ha producido un cambio significativo en la política de la ciudad con respecto a los clubes sociales de cannabis (CSC). Este cambio se produjo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendiera una ordenanza municipal promulgada por el anterior gobierno dirigido por Ada Colau. Esta suspensión dejaba a los clubes funcionando como entidades privadas carentes de regulación específica.

En cambio, la nueva Administración se ha acogido a esta sentencia judicial y ha empezado a inspeccionar los CSCs, buscando específicamente actividades relacionadas con el cannabis. Alegan la derogación de la ordenanza como razón, argumentando que limita su capacidad para tratar asuntos relacionados con el cannabis. Sin embargo, se trata de una extralimitación de sus competencias, ya que los CSCs constituyen espacios privados, por lo que el Ayuntamiento no debería imponer restricciones arbitrarias.

Como informó recientemente el diario Público, varios CSCs están considerando emprender acciones legales contra el Ayuntamiento debido a estas continuas imposiciones y cambios. Lo más notable es que con este nuevo gobierno se han hecho declaraciones explícitas en contra del modelo establecido de CSC sin distinciones claras. Esta postura contradice las tendencias internacionales en materia de políticas de drogas y las dos décadas de existencia de los clubes, lo que podría perjudicar drásticamente un modelo de referencia para los gobiernos y responsables políticos internacionales.

ICEERS tiene su sede en Barcelona y lleva casi catorce años defendiendo los derechos de los CSCs. Numerosos expertos y organizaciones internacionales han visitado la ciudad para estudiar el modelo de CSC y explorar formas de aplicarlo en sus propias regiones. A la luz de los recientes acontecimientos, ICEERS envió una carta al tercer teniente de alcalde, Albert Batlle, para instar al Ayuntamiento a adoptar un enfoque bien informado y respetuoso respecto a la regulación del cannabis en Cataluña. El objetivo es que Barcelona continúe siendo ejemplo de un acercamiento compasivo y basado en la evidencia para la regulación del cannabis a escala global. La carta recibió 179 firmas de más de 53 países diferentes que apoyan el modelo de CSC de Barcelona.

La carta incluye varias formas en las que el Ayuntamiento de Barcelona puede apoyar el modelo de CSC:

• Abogar por leyes que respeten y toleren los CSCs, como han hecho los municipios catalanes de Mataró y Granollers, para garantizar la igualdad de derechos y libertades de los consumidores de cannabis.
• Participar en diálogos para conseguir un marco legal estable que garantice la seguridad de los miembros y trabajadores de los CSCs.
• Iniciar debates parlamentarios para eliminar las leyes discriminatorias contra el consumo de cannabis y despenalizar la planta en todas sus formas.
• Establecer programas de acceso al cannabis medicinal que contemplen la protección de la salud como un derecho fundamental.
• Desarrollar alianzas internacionales con otros municipios comprometidos con la reforma de las políticas de drogas, centradas en la defensa de los derechos humanos y la evidencia científica.