Carta pública sobre el debate para regular las drogas en Chile

En el marco del inevitable y saludable debate sobre las actuales normas que regulan el consumo y la provisión de sustancias psicoactivas, diversas instituciones, organizaciones y profesionales de distintas áreas, hemos realizado propuestas, basados en la evidencia disponible, para la modificación de dichas normas por razones sociales, éticas, de derechos civiles, sanitarias, humanitarias y jurídicas.

A pesar del alto nivel de consenso existente en diversos tópicos, los avances se han visto retardados, debido a posiciones que argumentan, principal y casi exclusivamente, que tales propuestas atentarían gravemente contra la salud de los menores de 18 años, dado que el acceso a las drogas y su uso afecta el normal desarrollo de su sistema nervioso central, aún en proceso de conformación. Esta argumentación, no considera los graves efectos que la actual normativa tiene sobre otros determinantes sociales de la salud en las personas.

Somos enfáticos en afirmar que ninguna de las instituciones y organizaciones que representamos ha propuesto, en ningún caso, el libre acceso de los menores de edad al uso de ningún tipo de drogas; muy por el contrario, suscribimos el actual marco jurídico que define como ilegal la provisión o acceso a ellas por parte de menores (incluidos psicofármacos, alcohol y tabaco). Lo anterior se fundamenta, precisamente, en el hecho que el uso precoz, frecuente e intensivo de cualquiera de estas sustancias, tiene el potencial de afectar el normal desarrollo de los menores de edad. Suponer que las actuales prohibiciones están protegiendo a las y los jóvenes de los impactos sanitarios, sociales y criminales que pueden causar es políticamente equivoco, éticamente irresponsable y sanitariamente erróneo. Nos preocupa de manera especial, las consecuencias negativas que la política actual tiene en los sectores más pobres y excluidos de nuestro país, particularmente en los jóvenes.

Consideramos que es deber de todas las instituciones y organizaciones (sanitarias, educacionales, sociales y culturales) desarrollar estrategias para prevenir y desalentar tales consumos juveniles. Por otro lado, es fundamental implementar planes orientados a retrasar la aparición de tales conductas, así como también a garantizar condiciones de seguridad y salubridad que permitan gestionar los riesgos y reducir los daños que éstas puedan causar.

Nos declaramos de acuerdo con la recomendación realizada por la OEA que indica que “la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública (El problema de las drogas en las américas, 2013, pag.109).En síntesis, compartimos la prioridad que se debe dar a la protección de la salud de los menores pero discrepamos profundamente que esto se pueda lograr sin modificar sustancialmente el actual enfoque penal, que ha demostrado su fracaso en nuestro país y el continente.

Finalmente queremos declarar que estamos convencidos que el problema de las drogas se resuelve en el marco de la construcción de un país con mayor equidad, justicia y bienestar para todos sus ciudadanos.

Ana María Gazmuri, Fundación Daya*

Paulo Eguenau, Fundación Parentesis *

Mauricio Sepúlveda, Grupo IGIA Latinoamérica

Claudio Venegas, Movimental*

Ibán de Rementería, Red Chilena de Reducción de Daños*

Pedro Mendoza, Revista Cáñamo*

*Miembros de la Mesa para la Revisión de la Ley de Drogas convocada por SENDA