Dos decisiones judiciales opuestas subrayan la necesidad de reformas de las leyes de drogas con perspectiva de género

Por Carolina Ahumada, para WOLA

El 1 de febrero de 2019, N.C.—de 63 años y oriunda de la provincia de Salta, Argentina—viajaba en un ómnibus de larga distancia proveniente de la ciudad de Bariloche con destino a la localidad chilena de Osorno. Cuando el autobús llegó al paso fronterizo con Chile, el Escuadrón 34 “Bariloche” de la Gendarmería Nacional, que realizaba un control rutinario, descubrió que llevaba 2,7 kilogramos de cocaína, dispuestos en cuatro paquetes que tenía adheridos al cuerpo. Fue detenida y trasladada a las celdas del subsuelo del Aeropuerto Internacional de Ezeiza—imputada por tentativa de contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes. Más tarde se supo que N.C. corrió este riesgo por ser una madre soltera que necesitaba dinero para pagar la operación de su hijo.

Según la investigación, 20 días antes había cruzado desde la localidad salteña de Salvador Mazza hasta la ciudad boliviana de Yacuiba, donde presumiblemente se abastecía de la droga. Tras analizar las comunicaciones de su celular, los investigadores concluyeron que “transportaba el estupefaciente en cumplimiento de una obligación impuesta por un tercero”. Finalmente, ella fue absuelta por el tribunal, como se describe más adelante.

Un caso que terminó de manera muy diferente es el de Claudia S.E, una mujer boliviana de 33 años que cruzó la frontera con Argentina, estando embarazada, llevando algo más de un kilo de cocaína a cambio de 500 dólares, que necesitaba para pagar el tratamiento de su hijo de 13 años que sufría un tumor en el fémur. Claudia fue detenida en octubre de 2018, acusada del delito de transporte de sustancias, que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión. Fue encarcelada con prisión preventiva, a pesar de que no suponía un peligro de fuga ni de entorpecimiento de la causa, y se le impuso una multa de 20.000 pesos argentinos (unos 540 dólares de entonces). Cuando su hijo, Fernandito, se enteró de que su madre estaba en prisión, abandonó su tratamiento durante 3 meses y cayó en una depresión. Claudia pidió ver a su hijo antes de que muriera e hizo todo lo posible para obtener una respuesta de la Corte de Apelaciones de Salta. Tras seis meses de espera de una resolución, el juez Hansen permitió a Claudia viajar a Bolivia y estar con su hijo durante 30 días. Luego tendría que volver a la cárcel y esperar el juicio. Ella y su hijo estuvieron juntos durante casi cinco días hasta que el niño sucumbió a su enfermedad y murió.

Estos dos casos ilustran el impacto desproporcionado de la “guerra contra las drogas” sobre las mujeres, y en particular, sobre aquellas en situación de vulnerabilidad. En ambos casos, además, se trataba de madres solteras con hijos que necesitaban atención médica que no podían pagar. Como último recurso, recurrieron al transporte de drogas ilegales para ganar dinero. Al igual que muchas mujeres involucradas en actividades de alto riesgo relacionadas con las drogas, fueron detenidas, pero con dos resultados muy diferentes. En marcado contraste con el modo en que el sistema penal suele tratar estos casos, el fiscal pedía absolver a N.C. y el juez finalmente dio a lugar. La justificación del fiscal y el fallo del juez podrían tener implicaciones significativas para otras personas en situación de vulnerabilidad que son acusadas de cometer delitos de drogas de bajo nivel, y potencialmente abrir la puerta para el debate sobre las muy necesarias reformas de la ley de drogas.