México - Criminalizar la posesión simple: una medida incorrecta para proteger la salud pública

Por Alejandro Ravelo, MUCD

El pasado 13 de octubre, el ministro Juan Luis González Alcántara presentó ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto que pretendía mantener el delito de la posesión simple de la cannabis. Este proyecto rechazaba un amparo presentado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) el cual defendía que, ya que el uso del cannabis está protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad tal y como reconoció la Corte en junio de 2021, penalizar la posesión de la cannabis sin intenciones de venta es inconstitucional. El proyecto del ministro reafirmaba la constitucionalidad del delito por considerar que limitar la posesión de la cannabis no restringiría ese derecho y al contrario, evitaría su uso indiscriminado, protegiendo la salud general. Al final el proyecto no fue aprobado en la Primera Sala y se determinó que por su trascendencia, era importante que el Pleno lo discutiera (algo que debería ocurrir en este 2022).

Aunque el proyecto pretendía mantener la prohibición de la posesión de la cannabis para proteger la salud pública, esta justificación del delito es falsa. El consumo del cannabis está determinado por factores socioculturales más allá de la legalidad y, de hecho, la evidencia muestra que la penalización no afecta su consumo. Asimismo, habría otras medidas que podría adoptar el Estado tal y como las restricciones a la venta ilegal o distribución a menores de edad para evitar problemas de salud asociados al cannabis, las cuales exigirían a las autoridades probar que se cometió un delito más allá de la tenencia de la sustancia. Penalizar la posesión afecta únicamente al usuario sin proteger a terceros, y lo somete a abusos y extorsiones por parte de las autoridades. Hasta ahora, el proyecto no ha vuelto a ser presentado en el Pleno y la Suprema Corte no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de este delito. Esto demuestra que no hay un consenso entre las y los ministros de que penalizar la posesión en efecto proteja a la salud pública.

Más allá de la inconsistencia de proteger el uso de la cannabis y al mismo tiempo penalizar su posesión, mantener al delito para proteger la salud pública también es una medida equivocada. En 2020, 51,892 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por delitos contra la salud, tanto a nivel estatal como federal, de los cuales más del 90% (46,815 personas) fueron presentadas por el delito de posesión simple. La persecución de este delito implica que las autoridades se enfocan en una práctica que por definición no afecta a terceros, por encima de otros delitos que sí afectan a la salud pública.

Suponer que penalizar la posesión puede funcionar como una medida para velar por la salud de los usuarios también es preocupante. Este argumento implica asumir que todo uso de las drogas representa un problema de salud y que usar el sistema penal contra los usuarios es la solución. En principio, no es cierto que todos los usos de drogas sean problemáticos. Por ejemplo, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, tan solo el 2.2% de las personas que reportaron haber consumido drogas tienen un consumo dependiente, y la mayoría tan solo la consume ocasionalmente.