Colombia: Memorando al Gobierno Nacional sobre la nueva política de drogas

Por Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) – Universidad de Los Andes, Corporación Acción Técnica Social (ATS), Elementa DDHH, Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad - Dejusticia, Corporación Viso Mutop, Fundación Ideas para la Paz (FIP)

Como organizaciones académicas y de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados con la política de drogas celebramos el ánimo reformista que ha expresado el Gobierno en este sector. En este documento planteamos recomendaciones que complementan los anuncios del Gobierno para promover acciones que salven vidas en Colombia, para gestionar los riesgos relacionados con las sustancias psicoactivas y para reducir los daños asociados al consumo y a la producción de drogas. Las recomendaciones se organizaron por horizonte de tiempo en función de las prioridades del sector y de las posibilidades legales e institucionales para implementar los cambios deseados a la política de drogas.

Es urgente una estrategia coherente de comunicación sobre la nueva política de drogas. Por lo tanto, identificamos acciones para los primeros 100 días de gobierno, los primeros 6 meses, el mediano y el largo plazo, con la intención de organizar de manera estratégica las acciones. Mientras los cambios ocurren, estaremos en un periodo de transición y debemos manejar contradicciones que se pueden presentar en el camino. Priorizamos las reformas a nivel nacional que pueden situarnos como referente internacional en el camino hacia una nueva política de drogas, que prioricen los derechos de los colombianos y que no afecten las relaciones internacionales.

El mundo está discutiendo nuevos enfoques para la política de drogas, por lo cual es importante educar a la sociedad para minimizar el impacto negativo del consumo de sustancias para cuando ocurra la regulación. Reformar la política de drogas es un paso necesario para alcanzar la paz en Colombia, tal como lo ha planteado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y como lo han sugerido la Comisión de la Verdad (CEV) y estudios académicos mostrando que el prohibicionismo ha sido un factor de persistencia del conflicto armado.