¿Control social o regulación disimulada? Lecciones de Cochabamba (Bolivia) para Colombia

Según el último informe de drogas de Oficina de las Naciones Unidas para el Droga y el Delito (UNODC), se estima que 20 millones de personas son consumidoras de cocaína en el mundo, un derivado ilegal de la hoja de coca que se cultiva en Colombia, Perú y Bolivia. A lo largo de las últimas tres décadas, los porcentajes de hectáreas cultivadas de coca (principalmente para cocaína) que aporta cada país a la producción total de la región han cambiado (ver grafica 1). Sin embargo, la suma de las hectáreas cultivadas se ha mantenido entre las 120.000 y 246.000 hectáreas para satisfacer una demanda global constante. La guerra contra las drogas no ha logrado disminuir a cero ni la producción ni el consumo.

Según UNODC (2004), y de acuerdo con las estimaciones de Estados Unidos, en la década de los noventa la región del Trópico de Cochabamba fue el centro del cultivo de coca en Bolivia. La producción estaba fuera de control y los esfuerzos de erradicación mantenían a la población en constante tensión y conflicto con la Fuerza Pública. Garrote con la erradicación forzada y zanahoria a través de proyectos de desarrollo alternativo, fueron las estrategias de la política de drogas boliviana, así como en los demás países de la región (Unlu, 2012). A partir de 1999, según UNDOC (2004), los niveles de coca del Trópico cayeron por detrás de los de Yungas de La Paz por la erradicación y los programas de desarrollo alternativo.

Sin embargo, en el 2004 en la región del Trópico, de donde es oriundo el expresidente Evo Morales, se hizo el Acuerdo Cato y se dio inicio al control social de la hoja de coca (Farthing y Ledebur, 2015). En este acuerdo se autorizó a cocaleros miembros de sindicatos (organizaciones de base agrícolas) catos o parcelas legales de 1.600 mts2 a cada uno para cultivar coca para el consumo local. En el 2006, el gobierno de Evo, después de un estudio de demanda, amplió el techo de producción de coca de la región del Trópico de Cochabamba de 3.200 a 7.000, lo que equivale al 35% de la producción total hoy permitida de Bolivia. Con esta ampliación de la superficie cultivada legal en el Trópico, se otorgaron licencias a quienes no pudieron registrarse cuando se hizo el Acuerdo Cato en el 2004 y a otras personas que producían coca.

El control social se entiende como un sistema de regulación con carácter participativo con al menos cuatro componentes de monitoreo comunitario y estatal: los tres primeros sobre el cultivo y un último componente sobre el transporte y comercialización. El primer componente de supervisión está a cargo de los vecinos que hacen parte de una misma comunidad o sindicato y del monitoreo a nivel sindical: inspecciones regulares a los cultivos que el mismo sindicato organiza en conjunto. En un segundo componente de control se encuentra Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico de Cochabamba (UDESTRO), institución estatal encargada de la supervisión de la coca y la medición sistemática del terreno cada dos años. En caso de que el control sindical y de UDESTRO no resulte efectivo, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), tercer componente, entra al terreno a hacer las correspondientes erradicaciones de manera concertada y anunciada. El cuarto componente de supervisión está a cargo de Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN), entidad encargada de vigilar el transporte y comercialización de la coca en el Trópico de Cochabamba, mediante puestos de control y certificaciones de la venta de la coca en los mercados legales (principalmente en el municipio de Sacaba).