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¿Reformar la política de drogas en la casa de la prohibición?
La semana pasada tuvo lugar la Sesión No. 66 Comisión de Estupefacientes (CND, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. El espacio multilateral en el que se discute la aplicación del sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, fijado en las tres Convenciones de Drogas. La CND es una instancia dentro del Consejo Económico y Social (ECOSOC) que sesiona en Viena, y que hasta hace una década vivía aislada de las demás instituciones que integran la ONU, lo que se ve reflejado en una incoherencia entre las obligaciones que tienen los Estados respecto de los derechos humanos y las convenciones de drogas. Pueden ver un balance detallado de esta sesión en la nota en nuestra página web.
Desde 2012, pasando por la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS 2016), varios países, incluyendo Colombia, han presionado reformas al régimen internacional como implementación de alternativas al encarcelamiento, el reconocimiento de los servicios de reducción de riesgos y daños como parte de las políticas a implementar, el desarrollo alternativo y la inclusión de los derechos humanos en la implementación misma de la política de drogas.
Incluso, países como Canadá, Uruguay y Estados Unidos (22 estados), dieron un paso más “atrevido” al avanzar con la regulación del uso adulto del cannabis en sus territorios, con diferentes argumentos de cómo eso interactúa con las obligaciones de los tratados. Lo que sin duda se ha considerado como una “violación” de los tratados por parte de países que se niegan a flexibilizar sus estrategias antidrogas, y también de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Esta instancia está encargada de observar el cumplimiento de los tratados, y en dicho informe cuestiona que la regulación del cannabis esté alineada con los derechos humanos, y muestra de manera selectiva y sesgada los reportes y balances negativos sobre los experimentos de regulación.
Estas grietas, cada vez más profundas, en el sistema internacional de fiscalización entre los países que desean mantener el statu quo y quienes quieren hacer grandes reformas, está rompiendo el sistema, en medio de una crisis del multilateralismo. Esto puede tener dos desenlaces: el colapso o la irrelevancia. El colapso se refleja en que cada día más países tomen caminos distintos, generando rupturas tan grandes al Consenso de Viena, que se trata de negociaciones tensas y sin puntos en común. Algo de eso se vio en esta CND. El otro escenario, es que una plataforma multilateral donde cada quien toma caminos distintos, se vuelve irrelevante para los países. Cada vez importará menos qué se decide en Viena, porque las maneras de aplicar los tratados son tan diversas, y la sordera del aparato mismo de la prohibición es tan grande, que la CND se vuelve obsoleta.
El problema con un mundo donde los Estados ejercen simplemente su soberanía en materia de política de drogas es que unos pueden regular el cannabis, mientras que otros pueden aplicar la pena de muerte a las personas que cometen delitos de drogas sin que exista un lugar de intermediación y de coordinación de las políticas globales.