Colombia: Más de la mitad de los recursos de bienes del narcotráfico irán a la política de drogas
A través de una resolución de siete páginas, el Ministerio de Justicia modificó la destinación de los rubros de bienes que en el pasado fueron del narcotráfico y que ahora están siendo administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El documento, que conoció El Espectador, establece que el 54 % de los recursos de bienes en extinción de dominio, a partir del próximo año, estarán destinados a financiar la Política de Drogas del Gobierno Petro y la reforma rural.
Esos recursos, que actualmente administra el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (Frisco), son los dineros que el Estado recibe por las ventas, alquileres y la administración de los bienes que están en procesos de extinción de dominio o que tienen medidas cautelares, como fincas, apartamentos, predios o vehículos. En 2022, por ejemplo, el Frisco entregó más de $ 175.736 millones a varias carteras como Defensa, Interior, Justicia, Salud y la Policía, como contribución a su financiación.
Sin embargo, la resolución en poder de este diario establece que además de esas carteras, a partir del 2024 también se beneficiará el Ministerio de Agricultura para la financiación de la reforma agraria. En diálogo con El Espectador, Gloria Miranda, directora de Política de Drogas del Gobierno, confirmó que la negociación para reconfigurar la destinación de recursos comenzó el 21 de noviembre pasado en el Consejo Nacional de Estupefacientes. “En años pasados, el grueso de este presupuesto se iba para el sector Defensa. Pero casi de manera unánime se disminuyeron esos recursos para sumarle más a la política de oxígeno en la Política de Drogas”.
Cuando Miranda se refiere a “oxígeno” se refiere a uno de los pilares de la Política que socializó el presidente Gustavo Petro el pasado 3 de octubre en El Tambo (Cauca), que consiste en destinar recursos para las comunidades rurales que más han vivido el conflicto armado, a través de la sustitución voluntaria de cultivos y también de la búsqueda de otras alternativas de productos lícitos a base de hoja de coca, amapola y marihuana.