En drogas, vamos por el rumbo equivocado

El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés) es una red mundial que aboga por políticas de drogas que promuevan la justicia social y los derechos humanos. Agrupa a 191 organizaciones de 75 países.

Coincidiendo con una reunión en Viena del comité de estupefacientes de la ONU para revisar el avance sobre la “Declaración ministerial” sobre drogas de 2019, han publicado un informe que es contundente en sus datos. El mundo avanza en el camino equivocado.

Cito: “Existen escasas pruebas de que las políticas dirigidas a la prohibición y erradicación de las drogas hayan sido eficaces para reducir los mercados de drogas ilegales o para abordar su conexión con la inseguridad humana, la violencia y el crimen organizado. Al mismo tiempo, hay abundante evidencia de que el paradigma punitivo promovido por el régimen mundial de control de drogas ha socavado algunos de los objetivos clave de la propia Declaración ministerial de 2019 y del mismo sistema de la ONU, incluida la promoción de la salud, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

“La comunidad internacional ha avanzado poco en el desarrollo de políticas basadas en evidencia para abordar eficazmente la conexión entre los mercados de drogas ilegales, la delincuencia organizada y la inseguridad humana. En varios países, las economías ilegales de drogas siguen alimentando la violencia y los conflictos agudos, sobre todo en los países productores y de tránsito del sur global. El ejemplo de México, donde la tasa de homicidios fue un 62.6% más alta en 2022 que en 2015, ilustra cómo las respuestas militarizadas a la delincuencia organizada y a la inseguridad han intensificado el conflicto, en lugar de reducirlo. Los flujos financieros ilícitos desempeñan un papel fundamental en la conexión entre el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y la corrupción, pero faltan datos actualizados y exhaustivos sobre la magnitud del fenómeno. Tampoco hay indicios de que dicha dinámica se haya abordado con eficacia, entre otras cosas, por la falta de cooperación de las jurisdicciones que acogen a las principales instituciones financieras y paraísos fiscales”.