Políticas sobre drogas: fracasos profundos, revisiones urgentes

Cada vez se reconoce más que la llamada guerra contra las drogas ha fracasado por completo para conseguir un mundo libre de drogas y de reducir el tamaño y el alcance de los mercados de drogas ilegales.

Por el contrario, las políticas y prácticas punitivas en materia de drogas han causado innumerables violaciones a los derechos humanos, han perjudicado la salud de millones de personas y han socavado la seguridad, la economía y el tejido social de comunidades en todo el mundo. Este enfoque punitivo también ha restringido innecesariamente la disponibilidad de medicamentos controlados que son esenciales para aliviar el dolor, al tiempo que ha impedido el acceso a los servicios sanitarios más básicos a las personas que consumen drogas. En pleno siglo XXI el 80% de la población mundial no tiene acceso a medicamentos para el dolor.

Ese fue, esencialmente, el enfoque de la Declaración Ministerial del 2019 (Viena, Comisión de Estupefacientes de la ONU) al fijar los objetivos de la comunidad internacional sobre políticas globales de drogas para los siguientes 10 años. Están por cumplirse cinco años de esa declaración ministerial y los Estados harán el 2024 una revisión de “medio término” de la declaración.

Los resultados, a casi cinco años, son brutalmente desalentadores por lo que esa revisión es trascendental. Se tendría que avanzar en un transparente análisis de la realidad y con base en evidencias. Y tomar en consideración progresos expresados en tiempos recientes en la propia ONU: Asamblea General, Comisión de Estupefacientes y el Consejo de Derechos Humanos.

A lo largo de mi carrera como abogado, juez interamericano, ministro de Estado y experto en derechos humanos, he visto de primera mano cómo en los países latinoamericanos y en todo el mundo los esfuerzos de control de drogas altamente punitivos han sido un motor clave de violencia y encarcelamiento masivo, especialmente para las mujeres, las minorías raciales y étnicas y personas que viven en la pobreza. También he sido testigo de cómo la prohibición de las drogas ha socavado los derechos tradicionales, culturales y ancestrales de pueblos indígenas, especialmente en las zonas de cultivo de coca.

En vísperas de la llamada “revisión intermedia” del 2024, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) ha elaborado un “informe sombra” (alternativo). Este, presentado públicamente este martes 5 de diciembre, apunta a evaluar los resultados de lo adoptado en la Declaración Ministerial de 2019. La Comisión Global sobre Políticas de Drogas, de la que me enorgullece formar parte, es una voz líder en el tema de políticas de drogas y contribuye al trabajo del IDPC