Clubes de cannabis en Barcelona: un referente mundial, en riesgo de extinción

En los últimos días, los clubes sociales de cannabis (CSC) en Barcelona han enfrentado una serie de inspecciones administrativas que han resultado en sanciones económicas y, en algunos casos, órdenes de clausura. Esta situación, impulsada por el nuevo alcalde Jaume Collboni, del Partido Socialista de Catalunya, amenaza con desmantelar un modelo internacionalmente reconocido como una alternativa segura y responsable al mercado no regulado de cannabis.

Los CSC han operado en Barcelona desde hace más de veinte años, proporcionando espacios seguros para el consumo de cannabis y promoviendo un enfoque de salud pública. Las autoridades alegan irregularidades en licencias y actividades de los clubes. Esta medida se percibe como una estrategia política y no responde a una demanda social. No obstante, diversas entidades y profesionales advierten que, sin una regulación integral, la situación podría empeorar.

Desde ICEERS, hemos defendido constantemente la validez y los beneficios que reportan los clubes sociales de cannabis. En enero, presentamos una carta al Ayuntamiento de Barcelona, respaldada por 179 firmas de expertos y representantes de 53 países, abogando por la protección y regulación adecuada de estos clubes. Lamentablemente, nuestras propuestas no fueron consideradas, y la persecución administrativa continúa, en contraste con los avances acaecidos en otros países como Alemania, donde se ha abierto el primer CSC legal. Esta falta de respuesta y transparencia por parte del Ayuntamiento muestra una tendencia preocupante hacia políticas prohibicionistas que se han mostrado más problemáticas que resolutivas, y que generan más problemas que los que pretenden solucionar.

El panorama actual constituye el resultado de una combinación de factores estructurales y circunstanciales: represión policial y judicial, falta de apoyo de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, la entrada de actores comerciales, desmovilización de los bufetes de abogados, conflictos internos, presencia de mafias y liderazgo desgastado, todo lo cual ha sembrado desconfianza y desorganización en el tejido activista. En este contexto, el teniente alcalde de seguridad, Albert Batlle, podría poner en peligro una realidad que muchos consideraban establecida.