México: Aprobación de iniciativas presidenciales refuerzan el sistema punitivo

• La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados estará votando la aprobación de dictámenes correspondientes a las iniciativas presidenciales en materia de prisión preventiva oficiosa y sobre prohibición de conductas relacionadas con fentanilo, las cuales aumentarán los niveles de violencias y pondrán en riesgo la seguridad de quienes habitan zonas donde se produce fentanilo.
• Estas propuestas refuerzan el sistema punitivo y el modelo de prohibición que expone a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Ciudad de México, 12 de agosto de 2024.- Los dictámenes que se someterán a votación por la Comisión de Puntos Constitucionales no demuestran una real necesidad para su aprobación. Recordemos que la votación responde a las iniciativas presentadas por el presidente de la República el 8 de febrero de 2024.

Respecto al dictamen en materia de fentanilo y precursores químicos, éste valida el recrudecimiento del sistema de prohibición y justifica su sanción basándose en argumentos que sobredimensionan la amenaza que éste representa, sin siquiera reconocer su uso focalizado en la frontera norte del país.

Los argumentos que respaldan la propuesta presidencial sostienen que la producción, distribución y consumo de drogas sintéticas —dentro de las que destacan el fentanilo— han aumentado. No obstante, la información presentada solo se refiere al contexto global en el que se ha incrementado el uso de drogas sintéticas; el documento no presenta datos sobre el consumo de estas drogas en México. Asimismo, los datos utilizados contradicen el argumento sobre la amenaza que representa el uso de fentanilo al apuntar que por consumo de sustancias se han registrado 28,122 fallecimientos, de los que 26,705 fueron por consumo de alcohol y solo 1,192 por consumo de drogas. Esta información no distingue entre tipos de drogas ni de consumos, y más bien indica que en México el consumo de drogas sintéticas no es un problema generalizado de salud pública.

La prohibición recrudecida obstaculiza el acceso a medidas de reducción de daños para las personas usuarias. En consecuencia, se pone en riesgo a iniciativas comunitarias que han sustituido al Estado en el acceso de servicios de salud y reducción de daños para la población usuaria. Por otro lado, se limita el derecho a la salud y el derecho a la vida de quienes usan fentanilo, especialmente de las personas que habitan calle. Además, se propicia el hostigamiento policial hacia personas usuarias de fentanilo y posibles detenciones arbitrarias, tratos crueles e internamiento forzado en centros de rehabilitación. Esto resulta preocupante tomando en cuenta las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas en este tipo de centros, más aún cuando son irregulares, y el hecho de que algunos son controlados por organizaciones criminales, así como que estos espacios han sido objeto de masacres perpetradas por el crimen organizado.

Respecto al dictamen en materia de prisión preventiva oficiosa, éste exacerba el enfoque punitivo en contra de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad relacionados con drogas. La Comisión dictaminadora pretende desahogar 14 iniciativas presentadas por diversos Grupos Parlamentarios con propuestas que difieren entre sí y únicamente validó la versión del Ejecutivo. De acuerdo con el dictamen, los delitos que darían lugar a la prisión preventiva oficiosa constituyen conductas criminales que afectan gravemente la vida y la salud. En esta línea, señala que el narcomenudeo forma parte de una de las problemáticas sociales que mayores efectos negativos ocasiona y es fuente de violencia e inseguridad con alto índice delictivo que también ha desencadenado problemas en materia de salud pública.

La persecución del narcomenudeo ha sido una estrategia de larga data y su priorización, por encima de estrategias encaminadas a desarticular las grandes redes de tráfico de drogas, no ha tenido los resultados esperados en términos de la reducción del consumo, la violencia o el debilitamiento de las redes criminales que controlan el mercado ilícito de drogas. La evidencia ha mostrado que solo se han incrementado las detenciones de personas con pequeñas cantidades de drogas, que tienen poco impacto en la salud y seguridad pública. La mayoría de las personas que son detenidas por narcomenudeo viven en pobreza, vulnerabilidad o están coaccionadas por el crimen organizado.

Finalmente, la Comisión ha decidido ignorar los estándares y las sentencias de la Corte Interamericana que señalan que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos y no debe continuar siendo parte del entramado jurídico mexicano. Mediante su aplicación solo aumentará la población penitenciaria sin sentencia por delitos menores de drogas. Esto no afectará ni al mercado, ni a las redes de macrocriminalidad que lo controlan.

Aunque el fentanilo y otras drogas sintéticas son un gran desafío en la región, elevar el enfoque punitivo de la prohibición a rango constitucional no debilitará el mercado. En cambio, fomentará la corrupción y aumentará la violencia de los grupos criminales en México. La política de drogas debe ser integral, respetar los derechos humanos, y centrarse en la prevención, reducción de riesgos, acceso a la información y tratamiento. En Elementa rechazamos la aprobación de los dictámenes en puerta en tanto que ponen en riesgo la salud, la vida y la libertad de las personas.

Información de contacto: Aurora Sánchez Zavala Estratega de comunicación
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