Drogas, conflicto armado y paz

Este informe analiza el resultado de los acuerdos parciales sobre drogas que se adelantan en La Habana entre las Fueras Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Gobierno colombiano tomando como base el comunicado conjunto emitido el pasado 16 de mayo de 2014 en la antesala de la primera vuelta electoral para la elección presidencial.

Luego de una breve introducción sobre el tema de las drogas en el marco más amplio de las conversaciones de paz, el informe examina el tratamiento que da el acuerdo al tema de los cultivos ilícitos, al consumo de drogas y al narcotráfico.

Finalmente hace una evaluación de los avances del acuerdo frente a la relación entre drogas y conflicto.

Los puntos clave son los siguientes:

• La diversidad de los actores de la guerra involucrados en el narcotráfico creó un escenario complejo dentro del cual las guerrillas son sólo un aspecto parcial del problema. La economía criminal mantiene sus dinámicas de funcionamiento independientemente de quién controla la seguridad en las zonas productoras.
• El enfoque territorial que retóricamente reclama el acuerdo es débil, no parte de una visión integral de territorio y lo reduce a la situación de la coca. Un enfoque realmente territorial debería abrir la participación de los colonos, indígenas y afrodescendientes para que incidan en la suerte de su territorio.
• El acuerdo ratifica la vigencia del actual enfoque de drogas que se fundamenta en la prohibición y que pretende la eliminación total de la coca y del narcotráfico. Insistir en “erradicar el narcotráfico” es repetir viejas fórmulas en nuevas envolturas, ya que deja intacto el mecanismo que lo hace competitivo: la prohibición.
• El acuerdo desconoce los avances más significativos de procesos que se han fortalecido y forman hoy una masa crítica para un escenario de regulación. Estos procesos incluyen modelos de reducción de daños que suponen la aceptación de las drogas como una realidad con la que hay que convivir, evitando o reduciendo al máximo los daños que puedan causar a sus usuarios.
• El acuerdo no precisa conceptos o enfoques para soportar un eventual diálogo bilateral o regional con países que de una u otra manera hacen parte del circuito ilegal, y alcanzar compromisos de nivel internacional.

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