Propuestas de reforma legislativa y de políticas públicas para casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México

Hace más de dos años, una mujer indígena chiapaneca fue detenida en su propia casa sin orden de aprehensión. Desde ese día no volvió a casa. Está procesada por transporte y venta de marihuana en espera de sentencia. Este no es un caso especial, es uno de tantos que suceden entre el 53% de las mujeres acusadas de delitos del fuero federal relacionados con drogas.

Desde Equis Justicia para las Mujeres queremos promover una nueva agenda en política de drogas que incluya la perspectiva de género. Por eso, además de evidenciar las graves repercusiones de la actual política, ofrecemos una serie de propuestas de reforma legislativa y políticas públicas que contribuyan a mejorar sustancialmente las actuales políticas de drogas en el ámbito legislativo y del sistema de justicia.

En Ciudad de México, 4 de marzo de 2016Equis Justicia para las Mujeres plantea la necesidad de implementar medidas alternativas a la prisión para las mujeres detenidas por asuntos relacionados con las drogas, la urgencia de revisar la proporcionalidad de las penas y crear protocolos policiales de detención y arresto en los que siempre se salvaguarde el interés superior de los hijos/as.

En el conversatorio sobre el documento “Propuestas de reformas legislativas y de políticas públicas para casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México”, en la Casa Lamm, en la Colonia Roma, se presentaron una serie de recomendaciones para “promover una nueva agenda en política de drogas que incluya la perspectiva de género, y que contribuyan a mejorar las actuales políticas existentes en la materia en el ámbito legislativo y del sistema de justicia del país”. Estas recomendaciones pueden traducirse de forma inmediata en reformas legislativas, resoluciones judiciales, políticas públicas, protocolos y procesos de formación. La dificultad legal, logística o financiera no puede, ni debe, ser un límite para llevar a cabo estas recomendaciones y programas novedosos.

Es importante que hablemos de ello en este momento por la inminente transición al nuevo sistema de justicia penal acusatorio y por el actual debate nacional sobre regulación de marihuana en su vertiente medicinal y/o lúdica, que cambiaría la situación penal de muchas personas encarceladas. El contexto internacional también está apuntando a nuevos modelos en cuanto a la regulación y en abril de este año tendrá lugar la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas.

Ponemos el foco en las mujeres encarceladas por las graves consecuencias que el encarcelamiento y el abuso del derecho penal en los casos de delitos de drogas implica para ellas, especialmente cuando son las principales responsables económicas y cuidadoras de su familia.

Entre 2006 y 2011 el número de mujeres presas en América Latina se duplicó y la vinculación con delitos de drogas es una de las principales causas de encarcelamiento. Es urgente desarrollar estrategias integrales que busquen atender estos casos desde las condiciones que ponen a las mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social, circunstancias condicionantes para cometer esos delitos. En México, la situación no es diferente, 53% de las mujeres acusadas de delitos del fuero federal, que se encuentran en prisión por delitos relacionados con drogas, en cárceles sin infraestructura adecuada ni políticas públicas especializadas para atender a las mujeres y a las madres dentro de las prisiones.

Es posible hacer políticas de drogas con enfoque de género y derechos humanos

Según Corina Giacomelo, en América Latina se abusa del derecho penal para resolver problemas sociales, se invisibiliza a las mujeres en las políticas de drogas, se remite abusivamente a la prisión preventiva, sin contemplar medidas alternativas para delitos de drogas y se imponen penas desproporcionadas. La situación en México está lejos de verse mejor. Aquí la prisión preventiva oficiosa tiene rango constitucional por delitos del fuero federal y los delitos graves que establezca la ley de salud. Es urgente repensar estas políticas que tienen importantes repercusiones en la vida de las mujeres, pues recrudecen la exclusión social, la pobreza y la desintegración familiar.

Nuestra primera recomendación es releer la Ley a través de las Reglas de Bangkok, reglas de las Naciones Unidas creadas para orientar en el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes. Debemos procurar que la nueva legislación se acerque lo más posible a estas reglas, tanto en forma como en contenido
Entre las recomendaciones por sectores, destacan:

• Poder Legislativo: Aplicación de medidas alternativas a la prisión para mujeres acusadas por delitos de drogas y revisión de la proporcionalidad de las penas.
• Instancias de Procuración de Justicia e Institutos de la Mujeres: Crear protocolos policiales de detención y arresto, siempre bajo el principio de salvaguardar el interés superior del niño/a y garantizar opciones para la custodia de sus hijos e hijas.
• Impartidores de Justicia: Atender a las Reglas de Bangkok (lineamientos de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes); seguir el marco internacional de protección de los derechos humanos; aplicar el enfoque de género en las sentencias, así como fomentar el uso de las medidas alternativas adecuadas a cada caso.
• Autoridades Penitenciarias: Adherirse a las Reglas de Bangkok, capacitación al personal penitenciario, operativo y administrativo; tomar en cuenta los intereses y necesidades de las internas.

En el conversatorio participaron: Roberto Gil Zuarth, Presidente del Senado; Elena Azaola Garrido, Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, (CIESAS); Rafael Estrada Michel, Director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); Ana Pecova, Directora de EQUIS, Justicia para las Mujeres; Lilia Mónica López Benítez, Magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; Mariana Benítez Tiburcio, Diputada Federal LXIII Legislatura; Corina Giacomello, Investigadora del INACIPE y colaboradora de EQUIS, Justicia para las Mujeres.

Desde septiembre de 2014, Equis Justicia para las Mujeres participa en un proyecto sobre medidas alternativas para mujeres encarceladas por delitos de drogas, junto con Humanas Chile, Humanas Colombia, y la Articulación Regional Feminista. Este documento es producto del estudio realizado por Equis: Justicia para las Mujeres, A.C. en México, en el marco de dicho proyecto.

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