Diez opciones para reformar las respuestas a las drogas en materia de justicia penal
Tradicionalmente, las políticas de drogas han intentado alcanzar ‘un mundo sin drogas’ recurriendo a campañas de erradicación de cultivos, incautaciones de drogas y el encarcelamiento de todos los actores implicados en el mercado ilícito de drogas. Por este motivo, la aplicación de la ley se suele dirigir contra quienes ocupan los niveles más bajos de la cadena de las drogas, como correos de drogas (o “mulas”), distribuidores de pequeña escala, campesinos de subsistencia que se dedican a la producción de cultivos ilícitos y personas que usan drogas. Este enfoque ha dado lugar a un aumento de la violencia relacionada con drogas, la corrupción, el encarcelamiento masivo y el hacinamiento en las cárceles, mientras que la producción, el tráfico y el consumo de drogas han tendido a transformarse con el fin de evadir las acciones represivas de la ley.
Según estimaciones de las Naciones Unidas, una de cada cinco personas que actualmente se encuentra en prisión en el mundo lo está por un delito de drogas; de estas, el 83 por ciento está encarcelada por un delito de posesión. La criminalización de las personas que usan drogas ha tenido escaso impacto en la prevalencia general del consumo de drogas a escala global y, en cambio, ha alejado a las personas de intervenciones centradas en la salud y desplegadas en la comunidad.
El encarcelamiento masivo de las personas que cometen pequeños delitos de drogas ha llevado a una sobrecarga del sistema judicial penal en muchos países, de forma que los tribunales no pueden abordar los casos de delincuencia grave. Este plan de diez puntos detalla cómo los Estados pueden tratar de forma eficaz y adecuada el tema de las drogas desde una perspectiva basada en la salud y los derechos humanos, y no solo mediante una respuesta basada en la justicia penal.
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