Seguridad, crimen organizado y narcotráfico en Costa Rica: desaciertos políticos y retos de reforma
El tráfico ilícito de drogas, principalmente desde las organizaciones criminales transnacionales, es una fuente de vulneración de las libertades individuales y de la institucionalidad de los estados. Aun así, las políticas oficiales dirigidas a “combatir” esta problemática no han logrado sus objetivos de un mundo libre de drogas, sino que, más bien, han tenido consecuencias colaterales con repercusiones tan graves como las que produce el crimen organizado.
El crecimiento del tráfico de drogas y las organizaciones delincuenciales que lo realizan, aunado a enfoques populistas y represivos de seguridad nacional y ciudadana, han tenido graves repercusiones en las sociedades de todo el mundo, principalmente en América Latina, región que no solo es productora de gran variedad de sustancias prohibidas, sino que posee también una tradición centenaria de contrabando hacia Estados Unidos y Europa.
En las políticas de drogas, la “seguridad” se ha vinculado única y erróneamente con el control de la oferta o narcotráfico, mientras que el concepto de “salud” se asocia solo con el control de la demanda o el consumo. Es así que cuando se habla de seguridad en relación con las drogas se piensa principalmente en estrategias de control social coercitivo y represivo en el ámbito exclusivo del sistema jurídico penal. Aquí resalta la seguridad humana como un enfoque más amplio y comprensivo.
El de crimen organizado, por su parte, es un concepto más bien amplio y difuso que en lugar de proveer herramientas estratégicas para detectar, erradicar y procesar organizaciones criminales violentas, amplía los márgenes del aparato punitivo del estado que ya venía reforzándose con las reformas del Código penal de finales del siglo veinte. El crimen organizado se convierte en un fenómeno borroso y difícil de detectar, que no permite actuar realmente sobre el problema y cuyo impacto es simplemente la prolongación de las penas por asociación ilícita para el tráfico de drogas de los niveles más bajos de la red criminal.
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