Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento - Una guía para la reforma de políticas en Colombia

El modelo que ha sido predominante en las últimas décadas para responder al problema de las drogas ha sido el de la “guerra contra las drogas”, el cual se apoya en el uso del derecho penal para criminalizar, prohibir y penalizar las conductas vinculadas con todas las etapas del negocio de las drogas. Comunidades de académicos, científicos, gobernantes de algunos países, instancias de las Naciones Unidas y grupos defensores de derechos humanos han coincidido en la percepción de que este modelo punitivo ha fracasado. Aunque las cárceles se encuentran colmadas de personas vinculadas con delitos de drogas, en realidad, el consumo no se ha reducido, al contrario, las redes de tráfico y microtráfico se han fortalecido, los grandes capos del narcotráfico continúan enriqueciéndose y la violencia asociada a todos estos procesos no ha cesado.

El modelo punitivo de “guerra contra las drogas” se ha concentrado en criminalizar, penalizar y encarcelar a los eslabones débiles del mercado de las drogas. Es decir, a aquellas personas cuya relación con el negocio es marginal pues no tienen conocimiento directo del funcionamiento de las redes de tráfico y microtráfico y, en su mayoría, entran a participar en el mercado de drogas porque sus condiciones de pobreza les exigen buscar medios de subsistencia para el día a día. El encarcelamiento sistemático de estas personas no ha solucionado el problema, pues los eslabones débiles son fácilmente reemplazables y su penalización no contribuye a desmantelar la estructura de funcionamiento de las redes de drogas.

Estudios recientes han mostrado que cada vez más mujeres son encarceladas por participar como eslabones débiles en los mercados de drogas. Estas mujeres tienden a tener un perfil social específico: mayoritariamente se trata de mujeres pobres que tienen a cargo a personas dependientes de su cuidado. En Colombia, desde 1991, el número de mujeres encarceladas se ha multiplicado 5.5 veces y, de ese porcentaje, casi 5 de cada diez mujeres están en prisión por delitos relacionados con drogas. De ellas, el 93% son madres y el 52% son madres cabeza de hogar. Con el fin de encontrar medios y recursos para cuidar y proveer a las personas a su cargo, estas mujeres se insertan en el mercado de drogas realizando tareas de bajo rango y alto riesgo que no las enriquecen, pero sí les dan lo necesario para satisfacer las necesidades diarias.

La Guía se propone aplicar el enfoque de género al análisis de la política de drogas en Colombia. Su objetivo específico es estudiar cómo el encarcelamiento impacta de manera diferente a hombres y mujeres que se vinculan con delitos de drogas y cómo este impacto tiende a tener efectos más desproporcionados sobre las vidas de las mujeres cuidadoras y proveedoras de personas a su cargo que entran al mercado de drogas por su situación de pobreza. En esta misma vía, la Guía también tiene como objetivo fundamental formular recomendaciones para mitigar los efectos desproporcionados del encarcelamiento sobre estas mujeres y para evitar que estos continúen existiendo en el futuro. En un esfuerzo conjunto, Dejusticia, WOLA, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC por sus siglas en inglés) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) elaboraron a comienzos de este año una Guía para proponer recomendaciones en políticas públicas con el fin de reducir el encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas no violentos en América Latina y el Caribe desde una perspectiva de género. Este documento es una continuación de este primer esfuerzo pero, esta vez, enfocado en el caso de Colombia.

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