La persecución penal de las personas que consumen drogas en Bolivia - Análisis de la inconstitucionalidad del artículo 49 de la ley 1008

El documento presenta los resultados de una investigación sociojurídica, llevada adelante por Acción Andina – Bolivia, en torno a la validez de la respuesta penal a la problemática derivada del consumo de drogas en Bolivia.

La política en materia de drogas del Estado boliviano, que tiene fines de salud pública, se expresa en un conjunto de normas jurídicas, entre las cuales se encuentra la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (ley 1008), que tipifica los delitos relacionados al narcotráfico y establece las sanciones penales.

El consumo de drogas es un delito en Bolivia, está tipificado en el artículo 49 de la ley 1008, a partir del cual se pone en funcionamiento a las instituciones del sistema penal. En ese contexto, el presente trabajo examina la interacción entre la norma penal y la realidad del consumo de drogas, así como el impacto de la penalización en la problemática social y de salud que pretende resolver.

En la primera parte de este documento, que presenta los hallazgos de la investigación, se exponen los antecedentes del enfoque penalizador, así como una amplia descripción de las dinámicas del consumo de drogas en el país, a partir de la evidencia, con la identificación y caracterización de los heterogéneos grupos sociales de personas que consumen drogas.

Posteriormente, se revisa la aplicación práctica del artículo 49 de la ley 1008 y otras reacciones que hacen a la priorización de la respuesta penal, presentando los datos y cifras disponibles, además de las particularidades de la persecución penal a la población consumidora de drogas, y sus efectos colaterales en el sistema penitenciario. Después, se exponen las alternativas puestas en marcha en los países de la región, con sus sustentos jurídicos. En la última parte del documento se plantea un análisis jurídico constitucional sobre la disposición del artículo 49 de la ley 1008 frente a los criterios de proporcionalidad.

Finalmente, se presentan las recomendaciones que resultan de la evidencia obtenida y analizada, a fin de aportar a una reforma legal que permita un abordaje efectivo y especializado de una problemática de alta preocupación social, como es la que deriva del consumo de drogas.