Bajo la inercia del pasado: Informe de la 66ª sesión de la Comisión de Estupefacientes

La sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND) de la ONU, correspondiente a 2023, se celebró con una participación presencial significativamente mayor que la de los dos años anteriores, y revocando finalmente la mayoría de las restricciones impuestas por el COVID-19. El 66º periodo de sesiones fue testigo nuevamente de un claro enfrentamiento: por un lado, los Estados Miembros y los funcionarios de la ONU ligados al statu quo del régimen global para la fiscalización de drogas, descrito por el Presidente de la CND, Embajador Ruiz Blanco de Colombia, como "la inercia del pasado"; y por el otro, una serie de países, expertas en derechos humanos y sociedad civil que invocan un cambio transformador.

Las grandes dificultades encontradas a la hora de negociar un número muy reducido de resoluciones sobre cuestiones no contenciosas plantean serias dudas sobre la toma de decisiones basadas en el consenso como una manera viable de encauzar la gestión de políticas globales sobre drogas en el futuro, especialmente cuando el sistema se prepara para la evaluación intermedia de la Declaración Ministerial sobre drogas de 2019, que tendrá lugar en 2024. Las recientes y más sustanciales resoluciones sobre drogas adoptadas por la Asamblea General de la ONU en Nueva York y por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, no hacen sino añadir dudas respecto al impacto de la CND en Viena.

Una de las novedades más notables de la 66ta sesión de la Comisión fue el volumen de voces que se atrevieron a cuestionar e impugnar al propio régimen de fiscalización de drogas. Los cuestionamientos más claros provinieron de un pequeño número de Estados Miembros, Bolivia, Colombia, la República Checa y México, así como del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en una histórica primera aparición en la CND. Aunque cada uno de ellos se enfocó en un tema diferente, estos actores coincidieron en invocar la transformación de elementos esenciales del régimen internacional para el control de drogas, como la prohibición de las sustancias fiscalizadas, el papel secundario que cumplen los derechos humanos en las políticas referidas a drogas, la inclusión en las listas de sustancias empleadas por pueblos indígenas, y la propia toma de decisiones basada en el consenso.

Ello no obstante, los partidarios del statu quo también se mostraron firmes y bien coordinados. A lo largo de los cinco días que duró la sesión, al menos 14 países tomaron la palabra para expresar su inquietud por la regulación legal del cannabis y la consiguiente contravención de las convenciones de la ONU referidas a drogas. A menudo estas delegaciones utilizaren el Informe Anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) correspondiente a 2022, en particular su crítico capítulo sobre la regulación legal del cannabis, como punto de partida para sus intervenciones. Otros Estados, sin embargo, criticaron a la Junta por emplear datos inexactos y por adelantar conclusiones precipitadas, cuando aún es insuficiente o ambigua la evidencia sobre repercusiones de la regulación legal. Los países que han decidido regular legalmente el cannabis defendieron sus políticas con argumentos pragmáticos, evitando cualquier referencia al conflicto con las convenciones.

Un año después de la invasión rusa contra Ucrania, este conflicto ha instalado un nuevo conjunto de prácticas y normas de participación, y es probable que en un futuro próximo éstas formen parte del panorama "normal" de la CND. Mientras que las políticas sobre drogas han retornado al centro del escenario en la CND, una coalición de países que priorizan activamente la oposición a la agresión mantienen su fuerza y gran motivación en un esfuerzo conjunto por bloquear las iniciativas de Rusia en la Comisión, incluidas las resoluciones impulsadas por este país. De este modo, aunque la Federación Rusa todavía tiene influencia en el proceso, su capacidad para moldear los resultados de la CND se ha reducido drásticamente en comparación con el pasado.

Este año se presentaron a la CND un total de cinco propuestas de resolución – el número más bajo en la historia reciente de la Comisión. Podría decirse que el texto más importante fue el de la Resolución 66/1, que establecía las modalidades para la Resumen ejecutivo Informe de la 66ta sesión de la Comisión de Estupefacientes 3 evaluación intermedia de la Declaración Ministerial de 2019, a realizarse en 2024. Las negociaciones fueron arduas, aunque el borrador inicial se refería en gran medida a cuestiones de procedimiento, y sólo se pudo llegar a un acuerdo tras una reunión de embajadores de alto nivel organizada apresuradamente, justo antes que se iniciase la CND. Algunas delegaciones se opusieron enérgicamente a terminología referida a la participación de la sociedad civil en la evaluación intermedia, pese a que ésta había formado parte de los procesos de 2014 y 2019, y que cumple con las normas de procedimiento del Consejo Económico y Social (ECOSOC). Tras acalorados debates, el aporte de la sociedad civil quedó reflejado en la Resolución 66/1, mientras que el texto final comprometía a los Estados a «trabajar de buena fe para adoptar un documento conciso y orientado a la acción» a aprobarse al inicio de la evaluación intermedia el próximo año.

Las complejas negociaciones sobre las modalidades de la resolución fueron una predicción de las dificultades que enfrentarían las delegaciones al momento de adoptar otros textos. Una de las propuestas de resolución, referida al uso de drones para el control de control de oferta y presentada por Kazajistán y Kirguistán, no logró consenso y eventualmente fue retirada. El texto más progresista, la resolución anual sobre desarrollo alternativo que incorpora un fraseo positivo sobre el medio ambiente y los pueblos indígenas, fue significativamente diluido.

En estos prolongados debates y negociaciones, la sociedad civil aportó a la CND una dosis de realidad. Tras dos años de restricciones de viaje relacionadas con el COVID-19, las organizaciones de la sociedad civil volvieron a la CND más fuertes y coordinadas que nunca. Un total de 135 ONG se inscribieron para asistir a la sesión, con más de 570 delegadas. Las declaraciones de las ONG en la sesión plenaria, eventos paralelos y diálogos informales sacaron a la luz las repercusiones reales de las políticas de drogas,elemento que desgraciadamente suele estar ausente de la sesión plenaria, creando un espacio para llevar a cabo una conversación significativa sobre las implicancias de las políticas de drogas para la salud, los derechos humanos y el desarrollo en comunidades de todo el mundo.

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