Tras décadas de avances graduales en políticas de drogas del país, una nueva coalición se moviliza para presionar a las autoridades nacionales hacia una reforma de la legislación sobre drogas basada en los derechos.
La ex primera ministra de Aotearoa/Nueva Zelanda, Helen Clark, hace un llamado a invertir en la reducción de daños y la reforma de las leyes de drogas para prevenir los crecientes daños relacionados con las nitazenas.
Aunque ofrecen una vía para la no criminalización de la primera y segunda intervención en delitos de posesión de drogas, las elevadas multas conllevan el riesgo de perpetuar el involucramiento de las personas que usan drogas en el sistema legal penal, particularmente las más vulnerables.
La primera sala de inyección segura de Victoria obtiene el estatus de permanente, marcando un hito en los esfuerzos de reducción de daños y despertando la esperanza de un enfoque más compasivo y basado en pruebas hacia las personas usan drogas por inyección en Australia.
El primer espacio para inyección más segura de drogas en Victoria obtiene el estatus de permanente, marcando un hito en toda Australia respecto a los esfuerzos por la reducción de daños, y generando esperanzas en un enfoque basado en evidencias y con mayor compasión hacia quienes se inyectan drogas.
Más de 3,000 personas son condenadas cada año por delitos menores relacionados con las drogas, perjudicando a las comunidades y desviando fondos públicos hacia la represión.
McLauchlan et al. exploran la recurrencia con la cual los políticos expresan su apoyo a la reforma de políticas sobre drogas sólo después de dejar sus cargos, lo que indica la necesidad de estudiar más de cerca los factores que influyen el respaldo público.
La reforma, que entrará en vigencia en 12 meses, reemplazará las acusaciones penales con una multa que puede ser condonada a cambio de la asistencia a un programa de derivación.
Tras años de retrasos, el gobierno de NSW responde a solicitud de información de Howard, expandiendo la derivación pre-judicial para delitos relacionados con posesión, pero la ausencia de descriminalización supone el riesgo de perpetuar la asignación de sentencias desproporcionadas a personas indígenas y otras comunidades marginalizadas.
Los espacios para consumo seguro de drogas adecuadamente financiados, con un claro marco legal que les permita operar, muestran los beneficios de esta intervención para la reducción de daños particularmente para comunidades tremendamente marginalizadas.
