El Foro abordó temas ambientales, de derechos humanos y de salud pública relacionados con la política de drogas, así como los progresos internacionales y las oportunidades de cooperación.
El Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza pide que se abandonen las medidas punitivas y se reconozca la reducción de daños como marco para abordar las vulnerabilidades específicas de las personas usuarias de drogas.
Esta mesa redonda ofrecerá espacio para un diálogo constructivo sobre los retos en materia de derechos humanos a la hora de abordar la situación mundial de las drogas.
El IDPC destaca los principales logros del informe de la OACDH correspondiente a 2023 sobre derechos humanos y políticas de drogas, y ofrece recomendaciones a los Estados miembros y organismos de la ONU para su aplicación efectiva.
La OACDH presenta al Consejo de Derechos Humanos su informe acerca del impacto del problema mundial de las drogas sobre los derechos humanos; el documento insta a los gestores de políticas a adoptar un enfoque de políticas de drogas centradas en la salud y los derechos humanos.
El IDPC subraya victorias políticas clave, como la lucha contra la discriminación racial en cuanto a políticas de drogas, el reconocimiento de la importancia de la reducción de daños para el derecho a la salud, la protección de los derechos de indígenas, y el fomento de la participación de organismos de derechos humanos de la ONU en los debates sobre políticas de drogas.
La reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre las implicaciones de la política de drogas para los derechos humanos representa la resolución más ambiciosa y progresista en la materia hasta la fecha, y debería influir en el resultado de la próxima revisión intermedia de 2024 de la Declaración Ministerial de 2019.
La sociedad civil espera que el Consejo lidere la promoción y acogida de iniciativas en el marco del sistema de derechos humanos de la ONU para garantizar que las políticas sobre drogas afirmen los derechos humanos en lugar de socavarlos.
El IDPC destaca cómo la creciente implicación de las entidades de derechos humanos de la ONU en los debates sobre políticas de drogas ha allanado el camino para una mayor, aunque todavía insuficiente, consideración de la salud, los derechos humanos y el desarrollo.
Si no aborda seriamente violaciones de los derechos humanos y promueve la reparación, el Programa Conjunto de la ONU en Filipinas corre el riesgo de institucionalizar estos abusos.
El IDPC y Amnistía Internacional urgen al Relator Especial sobre Camboya y al Consejo de Derechos Humanos para que exhorten al gobierno de Camboya a que reduzcan significativamente la detención y el encarcelamiento arbitrarios, incluyendo una evaluación y modificación de políticas punitivas referidas a drogas.
Para reducir la violencia y daños infligidos por las fuerzas del orden contra personas que consumen drogas, los gobiernos deben comprometerse con la descriminalización, la reducción de daños y la eliminación del estigma.
