El informe de la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA describe de manera cualitativa los obstáculos para alcanzar metas globales para la prestación de servicios referidos a VIH/SIDA a cargo de la comunidad, invocando un financiamiento equitativo y resiliencia contra los movimientos anti-derechos.
ONUSIDA y el IDPC reúnen a los actores clave para identificar las prioridades en cuanto al abordaje del estigma que rodea a quienes consumen drogas, incluyendo la educación, la formación y la reforma de políticas.
La CIJ, junto con ONUSIDA y la OACDH, esbozan un enfoque basado en los derechos humanos para las leyes que penalizan conductas relacionadas con el sexo, el consumo de drogas, el VIH, la salud sexual y reproductiva, la carencia de vivienda y la pobreza.
