Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala presenta resultados de la Asamblea General de la OEA sobre políticas de drogas ante un recinto colmado en la sede central de la ONU en Nueva York

No cabía ni un alfiler en la sede central de la ONU en Nueva York el pasado lunes para la presentación del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) “El Problema de las Drogas en las Américas”, y de la Declaración de Antigua, Guatemala “Por una política integral frente al problema de las drogas en las Américas” adoptada en el marco de la 43ª sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA llevada a cabo en Guatemala del 4 al 6 de junio de este año. El evento fue patrocinado por la Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas, en colaboración con IDPC, Harm Reduction Coalition, y la New York City Bar Association Committee on Drugs & the Law.

El orador principal fue Fernando Carrera Castro, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, seguido por Lisa Sánchez, coordinadora de políticas de droga de ‘México Unido Contra La Delincuencia’ y Transform Drug Policy Foundation, y por Rebecca Schleiefer, Directora de Incidencia Política en la división de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch (HRW). El evento fue moderado por Coletta Youngers, Asociada del IDPC e Investigadora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Coletta Youngers comenzó el debate con un breve comentario sobre el trasfondo de la reunión en la OEA, que por primera vez en su historia se enfocó en los problemas relacionados con políticas de drogas. Coletta abordó el informe analítico y el informe de escenarios de la OEA. También remarcó que la Declaración de Antigua, entre otros puntos, llama a una Sesión Especial de la Asamblea General de la OEA para el 2014 en preparación para la UNGASS que será celebrada en Nueva York en 2016. Coletta enfatizó que mientras varios países en la región están llamando a políticas alternativas, no existe ningún tipo de consenso sobre qué tipos de políticas deberían ser elaboradas. Es más probable, remarcó Coletta, que nos encontremos en el principio de un largo e interesante debate que debemos continuar llevando adelante. Subrayando el trascendente rol de organizaciones de la sociedad civil, Coletta habló de la manera en la cual la Declaración de Antigua establece una serie de recomendaciones integrales, realizadas por un diverso grupo de miembros de la sociedad civil.

A continuación, el Ministro Fernando Carrera Castro se dirigió a la audiencia recorriendo su historia con las reformas de políticas de drogas desde sus días como asesor del Presidente Otto Pérez Molina quien, aun ante intensas críticas, ha llamado a la necesidad de encontrar alternativas a la “guerra contra las drogas” durante varios años.

La Cumbre de las Américas en Antigua marcó un punto de inflexión en este sentido. El consenso de la reunión, en la que participaron líderes de alto rango, fue que aunque no eran probables en el corto plazo cambios drásticos, sí eran necesarios algunos “ajustes”. Estos “ajustes” suponen enfocarse más en la protección de los derechos humanos y la salud, prevención de la violencia, la descriminalización y la discusión de los aspectos socioeconómicos de la problemática, así como en la necesidad de desarrollar políticas sociales adecuadas. En la reunión se coincidió en que un cambio hacia un enfoque multidisciplinario era necesario como remplazo del régimen prohibitivo. Como resultado, se reconoció que estas políticas de “sentido común” deben ser un tema de debate público para la confección de una nueva estrategia en los próximos tres o cuatro años con miras a 2016. Para terminar, el Ministro Carrera declaró: “Recién comenzamos con estos debates...no sabemos dónde estaremos dentro de 10 años pero estamos empezando un cambio en nuestra forma de abocar la temática”. De igual forma reconoció que el siglo XXI “se merece un enfoque más científico hacia las drogas, y no solo una continuación delo que se ha hecho en los últimos 50 a 60 años”.

Lisa Sánchez continúo el debate comentando el proceso de redacción de los informes de la OEA y la metodología utilizada. El informe está compuesto de dos partes: un informe analítico tratando las diferentes dimensiones del problema de las drogas en las Américas (¿dónde estamos?) y un informe de escenarios mostrando cuatro narrativas de cómo podría verse la situación en materia de políticas sobre drogas desde el 2013 hasta el 2025 (¿dónde podríamos estar?). El informe de escenarios, con más miras a futuro que el reporte, muestra cuatro narrativas o ‘historias’. Cada uno de estos escenarios tiene su enfoque propio en seguridad, alternativas legales, salud y fortalecimiento de comunidades, y los conflictos y problemas relacionados con la aplicación de distintas políticas en distintos países. Lisa remarcó que era importante reconocer que estas narrativas no son recomendaciones pero que sí han de servir como un documento base para alentar el debate y promover el diálogo a nivel regional, nacional, y local sobre políticas de drogas. Este proceso ayudará a entender mejor cuales son las verdaderas posibilidades de cambio y cómo podemos, como gobierno y miembros de la sociedad civil, responder en el apoyo hacia la reforma de política de drogas.

Lisa dio una breve explicación de los cuatro escenarios. El primero, titulado “Juntos”, centra su énfasis en políticas de seguridad. El segundo, “Caminos”, se enfoca en regulación legal. “Resiliencia” discute el fortalecimiento de las comunidades, mientras que el cuarto escenario “Ruptura” muestra su solución en minimizar el enfoque de control del tráfico en países de tránsito. Cada escenario introduce una cuota de cambio aunque ellas no son mutuamente excluyentes. En este sentido, será la tarea de los gobiernos tomar estos cuatro escenarios y comprender cómo pueden evolucionar las políticas de drogas. De esta forma, ayuda a tener una idea clara de cómo puede verse un mundo ‘post-prohibicionista’ si se toma una u otra decisión. En conclusión, el informe de escenarios supone una buena herramienta de base para hacer frente al problema de las drogas a nivel hemisférico y dentro de la ONU en 2016.

Luego de Lisa, Colleta aludió a las claramente distintas necesidades y objetivos de varios países, en particular dentro de Latinoamérica. Por lo tanto, es necesario desarrollar políticas flexibles.

Finalmente, Rebecca Schleifer dio una presentación apasionada sobre el tema de derechos humanos y políticas de drogas, considerando los ataques continuos en esta área. En particular, durante de la sesión de 2009 de la Comisión de Estupefacientes, la sola mención de las palabras “reducción de daños” hizo saltar las alarmas.

Rebecca presentó la posición de HRW contra la criminalización de la posesión de drogas para uso personal. HRW ha documentado abusos a derechos humanos en relación a esfuerzos relacionados con la fiscalización de drogas por más de 15 años. En este lapso de tiempo, ha identificado =leyes penales relacionadas al uso de drogas y prácticas relacionadas a su implementación facilitan o empeoran serios abusos a derechos humanos en países alrededor del mundo. Estos abusos van desde la tortura, el maltrato y las ejecuciones extrajudiciales, hasta la negación del acceso a servicios básicos de salud. A pesar del hecho de que los individuos tienen el derecho humano a acceder a servicios de salud básica sin temor a represalias o discriminación, la investigación en muchos países demuestra que gran cantidad de individuos no adquieren equipos esterilizados y no toman ventaja de los servicios de salud dirigidos a los usuarios de drogas por miedo a ser calificados como consumidores de drogas.

Rebecca señaló que si bien la tendencia focalizada en el tratamiento de drogas (tratando a los usuarios de drogas como pacientes y no como criminales) a primera vista parece ser progresiva, hay serios problemas con este enfoque. En primer lugar, la gran parte de las personas que consumen drogas no necesitan tratamiento. En segundo lugar, el tratamiento es muy limitado y muchas instalaciones no cumplen con regulaciones básicas basadas en derechos humanos.

En dos casos, Rebecca hizo un fuerte llamado al secreto a gritos que es violación de derechos humanos en Guatemala, implicando a 6.000 personas privadas de libertad y retenidas en 200 "campamentos de oración evangélica" con supuestos propósitos de tratamiento. Consumidores de drogas son tomados de la calles por partidas de “cazadores”, por la policía, familiares, o voluntariamente. Dentro de estas instalaciones, los consumidores enfrentan difíciles condiciones, bajo poca supervisión gubernamental, y que incluyen penas severas a quienes desean abandonar el programa. En la segunda instancia, Rebecca argumentó que los principales donantes en el sistema de fiscalización de drogas (como por ejemplo los Estados Unidos quienes se encontraban representados en el recinto) tienen la responsabilidad, en su capacidad como donantes principales, de procurar la no violación de los derechos humanos en estos procesos.

Rebecca también resaltó los avances realizados, a nivel nacional e internacional, en materia de reformas en el campo de políticas de drogas. Entre otros ejemplos, destacó la descriminalización de la tenencia para consumo personal, la protección al acceso a servicios de reducción de daños, la instalación de sitios para inyección supervisada, y los programas de intercambio de agujas y jeringas en prisiones.

Para terminar, Rebecca discutió la reforma en los convenios internacionales en materia de drogas. Mientras que la Declaración de Antigua señala la importancia de la "plena aplicación" de los convenios, Rebecca expresó su esperanza en que "la plena aplicación" signifique para los gobiernos utilizarla flexibilidades permitida en las convenciones sobre drogas (que la JIFE reconoce) como por ejemplo en el caso de la descriminalización aprobada en Portugal. También destacó, sin embargo, que la posición de HRW es que los países miembros deberían buscar modificar estos convenios en la medida en que entren en conflicto con las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos – como por ejemplo esfuerzos que permitan la descriminalización de la tenencia para consumo personal.

La sesión finalizó con una breve sesión de preguntas y respuestas, que se refirió a la conexión de los informes de la OEA y a la Declaración de Antigua en relación al proceso que conducirá a la Revisión de Alto Nivel prevista para el 57º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes en 2014 y la UNGASS a ser celebrada en Nueva York en 2016.

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