Salud pública y derechos humanos: el nuevo lenguaje del debate sobre la política de drogas

Originalmente publicado por Open Society Foundations

La Sesión 54 de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada en Bogotá del 11 al 13 de diciembre, fue una oportunidad sin precedentes para debatir la política drogas desde la perspectiva de la Salud Pública y los Derechos Humanos.

La reunión, auspiciada por el gobierno colombiano que asumió la presidencia de este Organismo, marco un hitó al dejar atrás los enfoques reduccionistas del pasado que concentraban su atención en la reducción de la oferta, y poner en el centro de la discusión la vulnerabilidad de las comunidades, así como la dignificación de las personas afectadas por el problema de las drogas – especialmente de los consumidores.

La sesión de la CICAD fue antecedida por un diálogo abierto, plural y franco entre representantes de los gobiernos de la región y miembros de la sociedad civil, auspiciado por el Ministerio de Justicia y la Cancillería de Colombia, con la colaboración del Woodrow Wilson Center y la Fundación Ideas para la Paz – y el apoyo de OSF. En total más de 100 personas – 13 países y 20 organizaciones no gubernamentales y una decena de expertos -, se reunieron para compartir perspectivas y discutir posibles soluciones para responder al problema de las drogas que afecta al hemisferio.

Este espacio de debate, apoyado por la CICAD, permitió identificar preocupaciones comunes y posibles salidas, que luego fueron retomadas en Sesión Ordinaria. A lo largo del encuentro hemisférico se fue afirmando un “nuevo” lenguaje que puso el énfasis en la salud pública y los Derechos Humanos, respondiendo al llamado hecho en el Informe Sobre el Problema de las Drogas de la OEA. Como lo afirmó el Secretario Ejecutivo de la OEA, Paul Simons, el reporte invita a adoptar un enfoque más “humano” que sitúa a las personas en el centro de la agenda.

En la sesión ordinaria de CICAD, fue notable la presencia y participación sin precedentes de organizaciones de la sociedad civil, comparado con anos anteriores. Tal como lo señaló Graciela Touze, directora de la organización argentina Intercambios, “… en esta CICAD hubo un énfasis como nunca antes en el enfoque de salud pública y derechos humanos, con un fuerte reconocimiento de la necesidad de no criminalizar a los usuarios de drogas ni a los eslabones más débiles”. Para Coletta Youngers, representante del Consorcio Internacional sobre Política de Drogas (IDPC por sus siglas en inglés), a través del diálogo abierto con los gobiernos, la sociedad civil pudo exponer sus puntos de vista y señalar alternativas centradas en los derechos humanos a un número amplio de funcionarios.

Este “nuevo” lenguaje, contenido en la relatoría del evento paralelo y reiterado en las conclusiones de la Sesión Ordinaria realizadas por Colombia, entiende que para responder al problema de las drogas es necesario:

• Centrarse en el individuo, fortaleciendo el enfoque de salud pública, bajo una perspectiva de derechos humanos.
• Asumir que la armonización de las obligaciones internacionales en materia de drogas con las de derechos humanos no es una opción para los Estados, sino es una obligación.
• Garantizar oportunidades e inclusión social para los consumidores de drogas y su entorno, reconociendo las capacidades de las comunidades para generar cambios.
• El respeto del consumidor de drogas como titular de derechos humanos y libertades fundamentales.
• Aceptar que la represión es una política insuficiente y que es necesario una respuesta integral.
• El reconocimiento de la necesidad de encontrar modelos alternativos al encarcelamiento por delitos de drogas.

Un hecho a destacar es el reconocimiento de la regulación legal como un camino político viable. En medio del encuentro hemisférico, en Uruguay el Congreso aprobó la ley de regulación del cannabis, la cual fue recibida por las delegaciones con respeto, aunque algunas delegaciones notaron la importancia del cumplimiento de las convenciones. El Secretario General, José Miguel Insulza hizo un llamado a la tolerancia y a la apertura hacia nuevos enfoques, después de cuarenta años de lucha contra el narcotráfico. Colombia, por su parte, enfatizó en su conclusiones “…la relevancia de la flexibilidad y del respeto entre los Estados frente a alternativas novedosas para manejar el problema de drogas”.

Dentro del “nuevo” lenguaje, también es importante resaltar las referencias específicas de varios países del hemisferio –entre ellos Colombia y México – a la reducción de daños, una aproximación que hasta ahora ha generado polémica en los diferentes foros internacionales. Si bien no se profundizó en esta perspectiva, esta es una señal positiva de que este enfoque esté siendo incorporado en las intervenciones dirigidas a las personas que consumen drogas.

Ahora el reto principal para los países es que este “nuevo” lenguaje sea llevado a la práctica. Tal como lo señaló el Ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, dejar atrás las perspectiva reduccionistas del pasado es solo el primer paso; ahora es necesario “…asumir el reto de diseñar, poner en práctica y evaluar buenas políticas públicas”.

Lo anterior requiere de decisiones políticas basadas en evidencia y respaldas por recursos y capacidades institucionales, que cuenten con la participación activa de la sociedad. Colombia y Guatemala – como presidente y vicepresidente de la CICAD en este periodo – pueden tener un papel fundamental en profundizar en el debate, impulsar consensos y generar cambios. Es momento de pasar de las palabras a los hechos, lo cual requerirá de una postura pragmática, respalda por propuestas concretas que pongan en el centro los derechos y las libertades de las personas.

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