Una nueva estrategia sin armas para las drogas en Colombia

La política antidrogas de Colombia durante las últimas tres décadas ha estado fuertemente influenciada por Washington y su orientación militarista de la guerra a las drogas. Esta línea dura se intensificó particularmente a partir del año 2000 con los grandes planes para contrarrestar la oferta (y a la guerrilla), lo que se conoció primero como Plan Colombia y luego Plan Patriota. Ahora que se debate en La Habana el tema de las drogas, y que el presidente Obama ha felicitado al presidente Santos por sus esfuerzos para poner fin al largo conflicto armado, el mejor aporte de los EE.UU. hacia Colombia sería un nuevo gran Plan para las drogas, pero esta vez despojado de uniformes militares, de helicópteros y de veneno, un plan orientado hacia la construcción de la paz en el campo colombiano.

¿Estarían los Estados Unidos dispuestos a reducir sus programas de cooperación militar con Colombia, a desmilitarizar su guerra a las drogas en caso de firmarse la paz entre Gobierno y guerrilla? ¿Cuáles serían los posibles y deseables aportes de Washington para una nueva estrategia de drogas que aborde el tema de los cultivos de uso ilícito, y de la producción y tráfico de estupefacientes?

Por el momento en lo concerniente al debate sobre drogas en La Habana hay varias cosas seguras: la firma de la paz no representará una “solución al narcotráfico”, no sólo porque las FARC solo controlan parte de las actividades del narcotráfico, sino porque como es conocido de todos, una vez las FARC se desentiendan del negocio otros entrarán a reemplazarlas y el comercio ilícito de estupefacientes seguirá tan floreciente como siempre. Además, una disolución de las FARC no solucionará, como lo explica el experto en drogas del TNI, Ricardo Vargas, los problemas de las “estructuras de seguridad para la producción de cocaína; los puntos de salida y los corredores de exportación; el contrabando de insumos y armas…” controlados por bandas de narco-paramilitares. Por otro lado, dado el carácter transnacional de esta actividad, su ‘solución’ no está en manos de un solo país sino que requeriría de la participación de la comunidad internacional y de su buena disposición a enfrentar el narcotráfico de manera más eficiente atacándolo en sus flancos más vulnerables, como el lavado de activos. Precisamente una de la diez propuestas presentadas por la guerrilla a la mesa de debate tiene que ver con esto, “Política anti-drogas centrada en la persecución a los capitales involucrados en el proceso económico del narcotráfico”.

La firma de la paz tampoco significará el fin de la coca ni la pronta desaparición de los cultivos de uso ilícito en general porque estos todavía seguirán siendo fuente de ingreso para amplias comunidades rurales que dependen de ellos para subsistir. Los programas de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo requieren de años para comenzar a dar resultados, para que sean lo suficientemente eficientes como para que el campesino deje de depender de la actividad ilícita.

Una eventual firma de la paz tampoco tendrá ninguna influencia sobre el comportamiento del consumo. Mientras se mantengan los altos niveles de demanda de drogas de los países de Europa y de Estados Unidos habrá la correspondiente oferta de cocaína, y si ésta se reduce en Colombia los otros países productores de la región se encargarán de compensar esta reducción.

¿Qué les queda entonces para acordar a los negociadores de La Habana en materia de drogas? Bueno, le queda lo que algunos observadores han llamado temas ‘livianos’, que no por ‘livianos’ son menos trascendentes. Particularmente cuestiones pertenecientes al ámbito del consumo interno: la despenalización de sustancias, las políticas de prevención del consumo, implementación de prácticas de reducción de daños, respuestas de salud en vez de respuestas represivas. Pero también cuestiones pertenecientes al ámbito de (la producción) los cultivos: programas de sustitución, desarrollo alternativo, e incluso - muy importante - la suspensión definitiva de la fumigación aérea con glifosato.

A primera vista no parece muy complicado que las partes logren ponerse de acuerdo sobre estos temas ‘livianos’. El Gobierno de Santos (con excepción de las fumigaciones) ha expresado reiteradamente su voluntad de cambio en esa dirección. Para nadie es un secreto que Santos y otros líderes de América Latina están promoviendo un debate internacional a favor de un cambio en el paradigma de las drogas, una revisión y cambio de las actuales estrategias, que cuenta incluso con el respaldo del aparato institucional más importante del hemisferio como es la Organización de Estados Americanos OEA. Si se trabaja dentro del espíritu que anima esta tendencia de cambio en el continente, no parece muy arduo poder conciliar las propuestas de la guerrilla con las del Gobierno. Los recientes avances importantes en las leyes domésticas de drogas dados por Uruguay demuestran que los países latinoamericanos sí pueden, cuando quieren, apartarse del modelo prohibicionista y actuar según lo que ellos consideran que más le conviene a su realidad nacional.

Volviendo a la pregunta planteada arriba, ¿estaría EE.UU., en aras de la paz en Colombia, dispuesto a acoger los acuerdos de drogas a los que se llegue en La Habana y modificar su actual estrategia militarista cambiando la naturaleza de la cooperación con Colombia de las armas y el glifosato al desarrollo sin condiciones de erradicación? ¿Estaría Estados Unidos dispuesto a renegociar el tema de la extradición sabiendo que esto facilitaría los acuerdos de paz?

WOLA y otras importantes organizaciones de derechos humanos con sede en Washington creen que esto debería ser posible, por eso han hecho recientemente un llamado al Gobierno estadounidense para que dé su efectivo respaldo al proceso de paz. Concretamente piden que se re direccione la ayuda militar hacia programas de desmovilización y reintegración, programas de apoyo a las víctimas, de implementación de mecanismos para la verdad, la justicia y la reparación. Después de tantos años de planes bélicos, lo que ahora se necesita es un Plan de Paz para Colombia, con fondos tan importantes como los destinados anteriormente a la guerra, para subvencionar la institucionalidad necesaria para consolidar la paz en las zonas hoy devastadas por el largo conflicto. Esta institucionalidad terminaría a mediano y largo plazo por convertirse en la garantía de la exterminación de las bandas de narco paramilitares que hayan seguido operando después de la firma de la paz, quitándole peso a las estructuras mafiosas que hoy dominan amplias regiones del territorio colombiano.

En cincuenta años Colombia no ha tenido una posibilidad de paz tan importante como ésta. Ojalá que antes de que concluya su periodo, la administración de Obama sepa contribuir adecuadamente a ayudar a resolver un problema en el que los EE.UU. han estado involucrados desde hace tiempo. En este tema de las drogas, más que en ninguno otro de la agenda, la paz del campo colombiano está también en manos de Washington.

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