Desaparición forzada: un crimen de lesa humanidad que erosiona los límites del presente con el pasado

Antes de que la guerra a las drogas se convirtiera en política de estado en México, con el respaldo de la Iniciativa Mérida, y de que la estrategia militarista de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto dispararan la tortura, la violencia, la desaparición forzada, la impunidad y la corrupción en el país, los habitantes del estado de Guerrero ya conocían lo que significaba la guerra sucia. La Sierra Madre fue, a principios de los años 70, el laboratorio de las políticas represivas aplicadas en Centroamérica y en el Cono Sur durante las dictaduras. Entre 1971 y 1974 varios pueblos de la Sierra Madre y Atoyac de Alvarez fueron devastados. La tortura de estado de gente inocente y vulnerable fue la pauta, que dejó, según, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU al menos 650 desaparecidos.

A día de hoy, y en el marco de la guerra a las drogas, la cifra de personas víctimas de desaparición forzada crece vertiginosamente en el país. En 2013, Human Rights Watch examinaba algunos de los casos de desaparición durante el gobierno de Calderón y señalaba que en más de 140 había evidencias claras de que estos “delitos fueron cometidos por miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, en ocasiones conjuntamente con la delincuencia organizada”, es decir, cometidos no solo por la policía local y federal, sino también por el Ejército y la Marina en connivencia con organizaciones criminales. A pesar del cambio de retórica del Estado de México en la arena internacional, al interior del país la la vulneración de derechos humanos continúa- Según, cifras oficiales tan solo los primeros 18 meses del gobierno de Peña Nieto, son más de 10.000 las personas que han sido víctimas de desaparición forzada. Las matanzas de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas o las ejecuciones de Tlatlaya, Estado de México, no fueron casos aislados. Y tampoco lo son los 43 estudiantes de Ayotzinapa cuyos rostros, tristemente celebres, ya han dado la vuelta al mundo, algo que probablemente no esperaban quienes los desaparecieron.

Mientras la preocupación por diseñar una estrategia de comunicación para paliar la crisis de legitimidad del gobierno ocupa a las instituciones, detrás de cada persona que desaparecida crece un hueco, un dolor, una ausencia. La caja de pandora se ha abierto y hoy es la sociedad civil la que dice, de muy diversas formas, #yamecanse, exigiendo justicia y acabar con el crimen perverso de la desparación forzada. El crimen de desaparición forzada fue un método fundamental de las políticas de terrorismo de estado en los años 70 ya que supone, a nivel comunitario, la exhibición, ejemplar y continua, del castigo, niega los derechos fundamentales de la víctima y de sus amigos y familiares –como el derecho al duelo– y, como nos recuerda Isabel Jelin (2002) impide a los sobrevivientes tomar distancia con el hecho traumático y asumirlo como parte del pasado. Las heridas abiertas por la desaparición forzada son difíciles de cerrar, el temor inculcado en la sociedad a través de la misma es permanente. El crimen de desaparición forzada es también la manifestación del poder hegemónico de los perpetradores, pues el hecho de que éstos no revelen el paradero de los cuerpos de los desaparecidos forma parte de una estrategia de ocultamiento y pone de relieve la ineficacia de los mecanismos de justicia y la impunidad prevalecientes e impide establecer una certidumbre sobre lo sucedido, así como la recuperación de memorias, y la narración de las mismas.

Por estas y más razones, el crimen de desaparición forzada ha sido considerado un crimen de lesa humanidad con carácter permanente por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (2002), y por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada en 2006 y de la que México es signataria. En este contexto, el anuncio del gobierno de Peña Nieto de que “la Procuraduría General de la República (PGR) tiene indicios de que los normalistas fueron asesinatos y calcinados por criminales” busca cerrar un capítulo. Capítulo que ha puesto de manifiesto, a nivel internacional, la impunidad, la violencia de estado y la corrupción prevalecientes en el país. Sin embargo, en la justicia (y en el duelo de los familiares de las víctimas) no vale un mero relato coherente de los hechos: se necesitan pruebas. Ante la imposibilidad de realizar pruebas de ADN en cuerpos calcinados, los “indicios” apuntados por la PGR no son pruebas, sino una puesta en escena mediática, un intento de calmar los ánimos (que logró todo lo contrario). Tristemente, el “capítulo” sigue abierto y la exhortación de organizaciones nacionales e internacionales de investigar y sancionar los crímenes, vigente.

Inés Giménez, Oficial de Comunicación, Consorcio Internacional de Políticas de Drogas.

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