59ª sesión de la CICAD/OEA: ¿Dónde queremos llevar las políticas de drogas en las Américas?
El 25 y 26 de abril se llevó acabo la Sesión 59 de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en Washington D.C. Esta sesión en especial marca un cambio en los procesos de diálogo regional sobre políticas de drogas que se ha venido desarrollando desde la Organización de Estados Americanos (OEA). Las razones de este cambio son variadas y responden a situaciones internas del nuevo Secretario General, así como de los propios Estados que se han dedicado mucho tiempo y recursos en las negociaciones de la UNGASS. A esto se suma la falta de presupuesto y una ausencia casi total de la sociedad civil en los procesos de elaboración del Plan de Acción de la Estrategia Hemisférica 2016-2020.
La creación de una nueva estructura organizativa de la Secretaría de Seguridad Multidimensional por la Orden Ejecutiva 16-01, reconfigura considerablemente las acciones de la CICAD, dejando solamente dos secciones: Reducción de la demanda y Políticas de drogas. La sección de reducción de la oferta y antilavado de activos pasan al recientemente creado Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mientras que el Observatorio Interamericano sobre Drogas y la Sección de apoyo al Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) pasan a la Sección de Información y Conocimiento sobre Seguridad Multidimensional.
Estos cambios –ya implementados– generaron una fuerte crítica por parte de la mayoría de los Estados presentes, los cuales se manifestaron muy inconformes con la decisión del Secretario General, quien no se presentó en la sesión. La gran mayoría de los comentarios giraron en torno a la necesidad de modernizar la CICAD en términos retóricos, pero manteniendo todos los temas relacionados a políticas de drogas dentro del mandato de la CICAD; o sea, sin ofrecer ninguna propuesta de reforma. También, reclamaron la poca transparencia y arbitrariedad del proceso de reestructuración. Algunos representantes incluso solicitaron descartar el proceso realizado totalmente y volver a la antigua estructura.
Uno de los principales problemas que ha tenido la CICAD ha sido la dificultad de presentar un Plan de Acción de la Estrategia Hemisférica 2016 – 2020, tomando en cuenta que el Plan de Acción anterior finalizó en el 2015, siendo la falta de presupuesto para reuniones una de las dificultades. El equipo encargado de elaborar el plan, presidido por Guatemala, planteó un nuevo cronograma de trabajo con una modalidad de revisión en línea por medio de una plataforma virtual donde se enviarán los documentos. Esta propuesta también levantó algunas preocupaciones sobre la efectividad de este tipo de metodología y el compromiso y capacidad técnica de los Estados para cumplir con los tiempos establecidos. En setiembre habrá una reunión presencial en Washington D.C. para realizar los cambios necesarios del Plan, que será presentado en la 60va Sesión de la CICAD que se realizará en las Bahamas en la primera semana de noviembre.
Una discusión interesante fue la posibilidad de prolongar por un año más el Plan de Acción 2011 a 2015, y presentar la sétima ronda del MEM. En este caso, algunos estados como México y Colombia fueron enfáticos en no continuar con un Plan de Acción caducado, considerando que ya se cuenta con un documento de declaración de la UNGASS, el cual debería servir como base para el Plan de Acción y para definir los indicadores que se deben utilizar en el MEM.
Es de recordar que fue a solicitud de Colombia, México y Guatemala que se anticipó la discusión que llevó a la realización de la pasada Asamblea Extraordinaria y que es en América Latina donde más se han vivido las consecuencias de la denominada “guerra a las drogas”, lo que ha conllevado devastadores daños en materia social, política y en derechos humanos. Asimismo es de mencionar que la CICAD debe atender las dinámicas que varios de los países han emprendido en la región. Uruguay con su regulación de marihuana, México con su reciente iniciativa alrededor de la cannabis, Bolivia con su defensa de la hoja de coca, Colombia con su proceso de paz en marcha, Jamaica con su liderazgo adoptado en UNGASS, así como los recientes anuncios de Canadá sobre la regulación para 2017, entre otros, todas estas cuestiones anticipadas ya en el denominado Informe Insulza.
En esta metodología para elaborar el Plan de Acción, la sociedad civil no tiene ninguna participación. De hecho, la poca participación de la sociedad civil en la CICAD se resume a un evento satélite que tradicionalmente se organiza un día antes de la sesión ordinaria, pero esta vez tocaba ser un domingo y por lo tanto los grupos de la sociedad civil consultados no apoyaron la idea, sabiendo que los oficiales de la región no iban a asistir. Durante el primer día de la CICAD, se realizó como un almuerzo / diálogo donde se presentó el proyecto: “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe”. Este fue organizado por la Comision Interamericana de Mujeres de la OEA, con el apoyo de WOLA, IDPC, Dejusticia, y ACEID. Otro espacio tradicional que la CICAD ha destinado a representantes de la sociedad civil, son algunas palabras breves al final de la sesión, y en la que en esta sesión aprovecharon representes de WOLA, MUCD y del Instituto Igarapé, resaltando la ausencia de mecanismos de participación o consulta; comentarios respaldados por el gobierno de Colombia, México, Uruguay, Canadá y las Bahamas.
La CIDAD tiene una oportunidad clave para construir una política regional de drogas que deje atrás de una vez por todas las posturas de tolerancia cero, enmarcándose en el derecho internacional de derechos humanos, y en especial con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otras comisiones vinculadas a la OEA. Por esto, es imprescindible incluir las voces de las poblaciones más afectadas por las políticas de drogas, como son las personas que usan drogas, cultivadores/as, quienes venden drogas en mercados ilícitos, mujeres y jóvenes.
Los indicadores que se definan para el MEM deben partir de criterios basados en la garantía y protección de los derechos humanos, enfocándose en mejorar la salud y la seguridad de la población, contemplando la protección frente a los abusos del Estado y del crimen organizado. Por lo que se debe ir más allá de los indicadores tradicionales de prevalencia del consumo de drogas, servicios de tratamiento, decomisos o encarcelamientos y considerar nuevas formas de medir el éxito de las políticas, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Es necesario incorporar la participación de la sociedad civil, no solo como consultores itinerantes y esporádicos, sino a través de mecanismos en los procesos de elaboración, ejecución y evaluación de las políticas y estrategias de la CICAD. Es importante que los diálogos sean realmente participativos y transparentes, tomando en cuenta que las organizaciones de la sociedad civil tienen una amplia experiencia en el campo. No quisiéramos que el Plan de Acción de la CICAD vaya a tener las mismas críticas que la declaración de la UNGASS, la cual se negoció a puerta cerrada en la Comisión de Estupefacientes en Viena, y donde las opiniones de la sociedad civil no fueron tomadas en cuenta.
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