Acción Semilla Bolivia is an organization dedicated to study and impact on issues related to Human Rights, Justice and Drugs Policies in Bolivia. The goals are to promote dialogue and research activities, creating networks and forming strategic alliances with institutions and social groups involved, to participate in different discussion scenarios (local and international) related to the theme.

Acción Semilla Bolivia es una organización dedicada a estudiar el impacto de las cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos, Justicia y Políticas Drogas en Bolivia.

Acción Semilla est une organisation dediée à l'étude de l'impact des problèmes liés aux Droits Humains, à la Justice et aux Politiques en matière de drogue en Bolivie.

Acción Semilla Bolivia

Según la investigadora y fundadora de Acción Semilla Patricia Chulver, Argentina, el norte de Chile, Ecuador y España son mercados potenciales para la coca boliviana, por lo que urge trabajar en políticas desde la Cancillería para poder llegar a estos mercados.

“Mercados potenciales de la exportación de la coca boliviana son Argentina, norte de Chile y norte de Ecuador. Otro dato es que el consumo de hoja de coca en España, en harina de coca por ejemplo, es bien cotizado y es bastante amplio. Tanto así que en 2016 salió en periódicos, en revistas y noticias que había un boom de la coca en España. La coca boliviana es súper cotizada en Europa y hay toda una cadena de producción de licores a base de coca que, hasta hace unos años, se decía que era coca boliviana y tenía la cara de Evo Morales. Pero no, es coca peruana, porque los peruanos son los únicos que realmente exportan con todo lo legal la hoja coca afuera”, comentó la investigadora.

En internet se puede encontrar, por ejemplo, la bebida “Coca Blue”, supuestamente elaborada con coca boliviana

Por otro lado, Chulver señala que es importante trabajar en una hoja de ruta para exportar la coca y que esta iniciativa debería ser una prioridad para la Cancillería.

Argentina, Ecuador y España son potenciales mercados para la coca boliviana

La Paz, 28 de agosto de 2020 (Naciones Unidas).- Para descongestionar el hacinamiento en los recintos penitenciarios de mujeres en Bolivia, es recomendable que se incorpore el enfoque de género en la justicia penal, así como en el indulto y la amnistía, entre otras medidas destinadas a proteger a las privadas de libertad, cuya situación de vulnerabilidad se incrementó debido a la pandemia por el COVID-19.

Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, Karina Cuba, especialista en derecho penal y en representación del colectivo Por Mi Vida, y Patricia Chulver, directora de la Fundación Acción Semilla, y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su nombre en inglés) expresaron su preocupación por la omisión de la perspectiva de género en las medidas destinadas a mitigar la incidencia del COVID-19 en las cárceles del país.

En el podcast organizado por la Fundación Acción Semilla, las especialistas coincidieron en manifestar que la pandemia profundizó la situación de vulnerabilidad de las mujeres privadas de libertad y que las medidas que se asuman deben estar de acuerdo con las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok).

Especialistas piden que se fortalezca y aplique el enfoque de género en la justicia penal boliviana

 Thierry Rostan, Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia.


Aldo Lale-Demoz: Exdirector Ejecutivo Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Karina Cuba Chirinos: Especialista en Derecho Penal
Luisa Chipana Ubaras: Experta en reforma penitenciaria de la UNODC



 Patricia Chulver Benítez: Directora de la Fundación Acción Semilla


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Transmisión en vivo por Facebook Live de la Fundación Acción Semilla


Género y Encarcelamiento en Crisis Sanitaria (Covid-19)

By Marcelo Jurado et al. | Friedrich Ebert Stiftung y Acción Semilla

Consideramos muy importante que en Bolivia las políticas de drogas sean integrales y equilibradas, formuladas desde enfoques fundamentales como salud pública, derechos humanos y género, porque la problemática de drogas no es independiente de otros problemas sociales y económicos dentro del país. Vemos necesario apoyar políticas que favorezcan sistemas y códigos penales proporcionales, que consideren factores económicos, sociales y culturales para establecer penas. En el caso de nuestro país, una nueva propuesta de legislación penal ha sido cuestionada durante los meses de noviembre, diciembre (2017) y enero del presente año; cuestionamiento directo a la nueva perspectiva sobre tráfico de sustancias controladas.

Uno de los temas que más vale la pena observar en este contexto es el microtráfico de sustancias controladas ya que en las legislaciones que analizaremos, constituye una nueva figura y probablemente pueda ser el inicio de un nuevo enfoque para tratar el problema. En el caso Boliviano, el artículo que trata la temática es el 215 de la ley 1005 del código penal ya abrogado1. Respecto de este artículo se han dado una serie de controversias mediáticas2 que dieron pie a un debate público.

La experiencia boliviana en legislación de drogas estuvo sujeta a la Ley 1008 (promulgada en Julio de 1988), ley que se encuentra vigente hasta el momento a falta de una normativa que regule la ley 913 “LEY DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS”. En este sentido es pertinente analizar los avances y retrocesos en la materia, de manera que podamos evidenciar cómo el nuevo código penal se adhiere o no a las perspectivas de organizaciones internacionales.

Un punto de luces para el presente trabajo comparativo, es la experiencia de Ecuador en su legislación sobre el microtráfico expresado en el COIP (Código Orgánico Integral Penal), ya que este se observan avances al momento de entender la situación social real que viven poblaciones vulnerables (en especial mujeres). Otro beneficio que presenta dicha experiencia (de forma constitucional) es el enfoque de salud pública en el tratamiento del consumo. Esto, gracias a que el último estatus legal sobre consumo y microtráfico en Ecuador tiene un tratamiento enmarcado en el enfoque de la UNASUR.

Este trabajo servirá entonces para comparar dos experiencias: La primera propuesta en Bolivia, y la segunda en Ecuador mediante la ejecución de la normativa penal que marca distinción entre comercialización o tráfico y microtráfico, hecho que alienta a esperar mejoras en el ámbito de una normativa de sustancias controladas menos punitiva y con un enfoque más amplio sobre la problemática. Para esto se presentará la normativa de ambos países y se verán resultados en el caso de Ecuador y potencialidades en el caso de Bolivia, que puedan brindar una nueva perspectiva para tratar al microtráfico; se analizará también cómo los principios y alternativas a temas como la prisión preventiva interactúan con el establecimiento del micro tráfico como categoría y la demarcación de umbrales para la proporcionalidad de las penas.

Microtráfico y umbrales legislativos de Bolivia – Ecuador: avances en torno a la perspectiva de la UNASUR

Tras la aprobación de la Ley General de la Coca, se ha reabiaerto el debate sobre las hectáreas necesarias de cultivo, los mercados, la exportación y su relación con el narcotráfico.

Continuando con los diálogos sobre coca y narcotráfico, Oxigeno.bo presenta un conversatorio con expertos sobre la ley, con la participación de Patricia Chulver de la Fundación Acción Semilla, Maria Lohman de la plataforma Coca Orgánica Libre e Informada (COLI) y José Carlos Campero de la consultora Beta Gama.

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Ley de coca: del control de cultivos a las políticas públicas

Los signatarios rechazan la decisión del gobierno colombiano de reactivar las fumigaciones para erradicar cultivos declarados ilícitos, esta vez por vía terrestre. Durante el proceso preparatorio para la Sesión Especial de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, las organizaciones aquí firmantes fuimos aliadas del esfuerzo del gobierno colombiano, apoyamos sus propuestas, y celebramos las declaraciones públicas en las que llamaban la atención sobre la necesidad de repensar una política desequilibrada que ha centrado la persecución contra los eslabones más débiles de la economía de la droga, como son los campesinos cultivadores. En estos discursos, su gobierno reconocía también que la política de drogas vigente le había significado a Colombia muchas vidas perdidas y otros impactos devastadores.

Por todos estos motivos, vemos con preocupación esta decisión, que no es coherente con el discurso que hemos apoyado y celebrado, pues es contraria a la evidencia, viola el principio de precaución y pone en alto riesgo los derechos a la salud, al ambiente sano y al trabajo, entre otros derechos de comunidades rurales y de los erradicadores. Sin que previamente se implemente un adecuado enfoque de desarrollo territorial, concertado con las comunidades, la erradicación forzada ha probado ser equivocada y nociva. Esta decisión resulta contraria también a los resultados del acuerdo de paz en materia de drogas, frente al cual deberían priorizarse más bien medidas coherentes para generar confianza para su futura implementación.

Los signatarios apoyan además la reciente declaración de la Coalición en pro de la reforma a la política de drogas, mediante la cual solicitan al gobierno revocar la decisión, y además anuncian la posibilidad de emprender acciones con el fin de detener esta riesgosa medida. Nosotros, como organizaciones internacionales que trabajamos en pro de la reforma a las políticas globales de drogas, apoyamos a la sociedad civil colombiana en sus esfuerzos por construir políticas de drogas efectivas, compatibles con los Derechos Humanos y la búsqueda de la paz en ese país. Solicitamos al Presidente Santos establecer un diálogo franco y espacios de cooperación con la sociedad civil y las comunidades rurales, así como los demás sectores afectados por la actual política de drogas, a fin de reformar conjuntamente dichas políticas, y ofrecemos además nuestro apoyo, en la medida de nuestras capacidades, para este fin.

WOLA – Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Fundación Latinoamérica Reforma – Chile

Groupement Romand d’Etudes des Addictions – Suiza

Asociación Costarricense de Estudios e Intervención en Drogas

International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service – España, Holanda y Uruguay

Centre for Science in Drug Policy – Canadá

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Declaración sobre la reactivación de las fumigaciones terrestres en Colombia.