25 organizaciones piden terminar el apoyo estadounidense a las fumigaciones aéreas con herbicidas en Colombia

Por WOLA

El gobierno de Colombia se está acercando a restablecer un programa, suspendido en 2015, que asperjaría herbicidas desde aviones sobre territorios donde se cultiva la coca. Veinticinco organizaciones estadounidenses y colombianas se han unido en esta carta dirigida al presidente Joe Biden en la que le instan a evitar el apoyo a un renovado programa de “fumigación”, exponiendo sucintamente las razones por las que esto sería un desafortunado error político. La carta fue compartida con la Casa Blanca el 26 de marzo.

26 de marzo de 2021

Presidente Joseph R. Biden, Jr.
La Casa Blanca
Washington, DC

Estimado Presidente Biden,

Le escribimos con gran preocupación por el inminente reinicio de un programa que su administración está heredando de su antecesor: un esfuerzo para erradicar la coca en Colombia mediante la fumigación de herbicidas desde aviones. Le animamos a que no financie este programa, que no sólo no ha logrado los objetivos anteriores, sino que envía un mensaje de crueldad e insensibilidad con el que Estados Unidos no debería seguir asociado. Socavará los acuerdos de paz que son un poderoso legado de la administración Obama-Biden.

La fumigación aérea puede reducir a corto plazo el número de hectáreas sembradas de coca. Pero la experiencia del pasado muestra no sólo que estas ganancias se revierten rápidamente, sino que la estrategia debilita otros objetivos de seguridad de Estados Unidos y Colombia. Recurrir a la fumigación es como retroceder en el tiempo, ignorando mucho de lo que hemos aprendido sobre lo que funciona y lo que no.

Muchas de nuestras organizaciones han publicado estudios que documentan el daño que las fumigaciones han causado en el pasado. El informe de diciembre de 2020 de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense, de carácter bipartidista, encontró que la erradicación forzada trajo “enormes costos y pésimos resultados”. Sólo desde finales de febrero, hemos visto fuertes críticas a la erradicación forzosa y a las fumigaciones por parte del International Crisis Group; la Fundación Ideas para la Paz, un think tank del sector empresarial colombiano; una lista de más de 200 académicos, y siete relatores de derechos humanos de la ONU.

Entre 1994 y 2015, un programa respaldado por Estados Unidos apoyó una flota de aviones, y equipos de pilotos contratados y personal de mantenimiento, que rociaron el herbicida glifosato en 1.8 millones de hectáreas de territorio colombiano, una superficie de tierra tres veces y media el tamaño del estado de Delaware. En 2015, el gobierno colombiano suspendió el programa de fumigación, alegando problemas de salud pública basados en un estudio de la Organización Mundial de la Salud que determinó que el glifosato era “probablemente cancerígeno para los seres humanos.”

Durante los años siguientes, el gobierno colombiano no sustituyó la estrategia por nada, ni la erradicación ni la asistencia a las zonas afectadas. A finales de la década de 2010, los cultivos de coca en Colombia aumentaron hasta alcanzar niveles récord. Casi todo el aumento se produjo exactamente en los municipios y comunidades donde la fumigación había sido más intensa. Tras 20 años de erradicación constante, los agricultores siguen enfrentándose a la misma realidad sobre el terreno.

La mayoría de los productores colombianos del arbusto de coca no son delincuentes vinculados al crimen organizado ni partidarios de grupos armados ilegales. Son familias con pequeñas parcelas. Las estimaciones sobre el número de familias que viven de la coca varían entre “más de 119.500″ y 215.000. Si se supone que hay cuatro personas por familia, más del 2% de los 50 millones de colombianos dependen de la coca. Los hogares ganan alrededor de 1.000 dólares por persona al año con el cultivo, lo que los convierte en el eslabón peor pagado de la cadena de suministro de cocaína.

Viven en zonas de “frontera agrícola” en las que escasean las evidencias de la existencia del gobierno de Colombia. No hay carreteras asfaltadas ni mantenidas. La red eléctrica nacional está muy lejos. No existe agua potable ni títulos de propiedad. En algunas zonas, incluso el efectivo es difícil de conseguir, y las tiendas ofrecen la opción de pagar los alimentos con pasta de coca.

Estas personas necesitan ser gobernadas y protegidas por su Estado. Un avión que sobrevuele anónimamente, rociando productos químicos en zonas pobladas, es exactamente lo contrario de eso. Pero el programa tiene otras desventajas importantes:

• Debido a que se dirige a los hogares pobres en áreas no gobernadas, la fumigación química envía un mensaje de crueldad, y asocia ese mensaje con los Estados Unidos. Su administración está trabajando para deshacer las crueles medidas migratorias de la administración Trump, que impusieron el sufrimiento a una población débil y empobrecida en la frontera entre Estados Unidos y México. Le pedimos que también evite volver a la “disuasión a través de la crueldad” en la Colombia rural.

• Como toda erradicación sin asistencia, la fumigación debilita aún más la gobernabilidad y amenaza con empeorar la seguridad en los territorios no gobernados de Colombia, donde prosperan las economías ilegales y los grupos armados. La erradicación forzada, especialmente cuando no se coordina con los esfuerzos para llevar físicamente los servicios del gobierno al territorio, envía a las familias desde la pobreza a la extrema pobreza, sin ayuda oficial a la vista. Esto perjudica la legitimidad del gobierno en las zonas fronterizas, donde tanto necesita fortalecerse.

• Después de una posible disminución a corto plazo de los cultivos, la fumigación no es eficaz para reducir los cultivos de coca. La experiencia pasada muestra una alta probabilidad de resiembra y otras maneras de minimizar las cosechas perdidas, en contextos de ausencia de gobierno y pocos cultivos alternativos.

• La fumigación va en contra de lo que prometió el acuerdo de paz de Colombia de 2016. Los capítulos primero y cuarto de ese documento ofrecían un plan para reducir los cultivos ilícitos: primero, involucrando a las familias en programas de sustitución, y luego llevando a cabo un esfuerzo de “reforma rural integral” de 15 años para llevar la presencia del Estado a las zonas rurales. La fumigación debía ser el último recurso, para circunstancias en las que las familias rechazaran las oportunidades de sustituir los cultivos y cuando la erradicación manual se considerara demasiado peligrosa. Apurar la fumigación es una bofetada a los valientes líderes de las asociaciones de cultivadores que dieron el arriesgado paso de desafiar a los traficantes y llevar a sus comunidades a los programas de sustitución de cultivos del cuarto capítulo.

• Del mismo modo, la fumigación corre el riesgo de provocar una ola de protesta social a gran escala en las zonas rurales de Colombia. En 1996, tras la puesta en marcha del programa, gran parte de las zonas rurales de Colombia se paralizaron durante semanas o meses debido a las protestas de los cocaleros, en su mayoría pacíficas, que estallaron en todo el país. Hoy en día, los cultivadores están aún mejor organizados que hace 25 años.

• La fumigación, por su parte, puede conllevar riesgos para la salud humana y el medio ambiente. El documento de la OMS de 2015 es uno de los muchos estudios que arrojan dudas razonables sobre los efectos en la salud de la aspersión desde aviones de altas concentraciones de glifosato sobre zonas pobladas. Bayer, la empresa que compró a Monsanto, el productor de glifosato, ha llegado a acuerdos con los demandantes estadounidenses que podrían ascender a más de 11.000 millones de dólares, otro motivo de duda razonable. Aunque los impactos ambientales son menos claros, el propio etiquetado del glifosato advierte de que no se debe rociar cerca de fuentes de agua estancada, y nos preocupa su uso en las proximidades de los ecosistemas de selva tropical. Sin embargo, es probable que el mayor impacto medioambiental sea la forma en que muchos agricultores del pasado han respondido tras perder sus cultivos por la fumigación, mientras permanecían en un vacío de presencia gubernamental: se trasladan a otro lugar y talan más selva para volver a cultivar coca.

• Como toda erradicación forzosa no acompañada de asistencia, la fumigación es peligrosa para los propios erradicadores. En 2013, no mucho antes de la suspensión del programa, la guerrilla de las FARC derribó dos aviones de fumigación en el espacio de dos semanas. Aunque los aviones y sus helicópteros de escolta estarán más blindados que antes, la vulnerabilidad se mantiene. La erradicación es mucho más segura cuando es acordada con las comunidades por un gobierno que está físicamente presente en su propio territorio.

En marzo de 2020, Donald Trump se reunió con el presidente colombiano Iván Duque y le dijo: “Vas a tener que fumigar”. El máximo tribunal del país ha exigido al gobierno de Duque que cumpla con una serie de requisitos sanitarios, ambientales, de consulta y otros. El Ministro de Defensa de Colombia prevé ahora que las fumigaciones podrían reanudarse en abril.

Esta vez, ha declarado el embajador estadounidense Philip Goldberg, el papel de Estados Unidos en el programa no será tan amplio. Aun así, durante la administración Trump, el Departamento de Estado apoyó el mantenimiento de la flota de aviones de fumigación, la mejora de algunas bases, y la formación del personal de erradicación, entre otros servicios. Los informes del Departamento de Estado enviados al Congreso a finales de febrero y a principios de marzo saludaron el inminente reinicio de la fumigación como una señal de progreso.

No obstante, reiteramos nuestra esperanza de que el gobierno de Biden deje de apoyar el programa de fumigación de Colombia mientras haya tiempo de evitarlo. Estados Unidos no debe apoyar la fumigación aérea en Colombia de nuevo. Tampoco tiene que hacerlo. Sabemos lo que hay que hacer.

Los agricultores con títulos de propiedad casi nunca cultivan coca. Los agricultores que viven cerca de carreteras pavimentadas casi nunca cultivan coca. Los grupos criminales se ven muy debilitados por la proximidad de un gobierno que funciona y es capaz de resolver disputas y castigar las infracciones.

Se trata de un proyecto a largo plazo, pero el acuerdo de paz de Colombia de 2016 ofrecía un buen plan para ponerlo en marcha: un programa de sustitución de cultivos consultivo y de rápida ejecución, vinculado a un programa de reforma rural más lento pero integral. Aunque estos programas existen y algunas partes del gobierno de Duque los están llevando a cabo con diligencia, carecen de fondos suficientes y están muy por detrás de lo que deberían estar cuando la implementación del acuerdo entra en su quinto año.

No es demasiado tarde para ayudar a Colombia a poner en marcha el modelo que ofrece el acuerdo de paz de Colombia, que la administración Obama-Biden apoyó tan enérgicamente. Le instamos a que tome ese camino en lugar del de las nuevas fumigaciones, que sabemos que es un callejón sin salida.

Sinceramente,

• Amazon Watch

• Center for International Environmental Law

• Centro Estudios sobre Seguridad y Drogas, Universidad de los Andes (Colombia)

• Chicago Religious Leadership Network on Latin America

• Colombia Human Rights Committee

• Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Colombia)

• Corporación Viso Mutop (Colombia)

• Drug Policy Alliance

• Elementa DD.HH. (Colombia/Mexico)

• Fellowship of Reconciliation: Peace Presence

• Healing Bridges

• ILEX Acción Juridica (Colombia)

• Institute for Policy Studies, Drug Policy Project

• Institute on Race, Equality, and Human Rights

• Latin America Working Group

• Mennonite Central Committee U.S. Washington Office

• Missionary Oblates

• Oxfam America

• Oxfam Colombia

• Presbyterian Church (USA), Office of Public Witness

• Presbyterian Peace Fellowship

• Proceso de Comunidades Negras (Colombia)

• United Church of Christ, Justice and Witness Ministries

• Washington Office on Latin America

• Witness for Peace Solidarity Collective