Declaración de la sociedad civil de cara al 70º Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD

Declaración en nombre de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Asociación Costarricense para El Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), Dianova International, Intercambios A.C., México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Youth RISE, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), y el Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, que trabajamos para promover políticas de drogas basadas en los derechos humanos, la seguridad humana, la inclusión social, el desarrollo y la salud pública.

Notamos que en junio de 2021 se cumplieron 50 años desde que el presidente Richard Nixon declarara la guerra a las drogas y 60 años desde que se inauguró la Convención Única de Estupefaciente, lo cual desplegó una política enfocada en la prohibición, la criminalización de los productores, distribuidores y consumidores, la erradicación de cultivos, la militarización y la obstaculización de los flujos de tránsito. Tras medio siglo en que se promovió la represión y persecución como estrategia para reducir la oferta y la demanda, no podemos dejar de reconocer los efectos contraproducentes que resultaron de las políticas represivas y el hecho de que, pese a ellas, el consumo y el tráfico de drogas no han disminuido en nuestra región. Recientemente, vimos documentado en el Índice Global de Políticas de Drogas, herramienta que analiza 30 países a partir de 75 indicadores y 5 dimensiones imprescindibles en lo que a políticas de drogas refiere, cómo Latinoamerica rankea en la última parte de la lista (exceptuando Costa Rica en el puesto 9), Argentina en el puesto 19, Colombia en el 21, México en el 26 y último en el ranking, Brasil en el puesto 30. Esta posición en el ranking se corresponde más específicamente con las dimensiones de políticas de reducción de daños y la medición de la proporcionalidad de las respuestas de la justicia penal.

La pandemia y la crisis social y económica que ésta ha agudizado continúan afectando a las personas involucradas en economías ilegales. Por ejemplo, en los centros penitenciarios de la región—algunos con índices de hacinamiento de hasta el 200%—se requieren urgentes medidas de descongestión. Asimismo, es urgente priorizar a las poblaciones allí para su vacunación, hechos que no ocurrieron, con efectos devastadores para las personas privadas de la libertad. Las poblaciones rurales que dependen de economías ilegales como única alternativa de subsistencia, quedaron aún más aisladas en medio de los confinamientos, y a merced del control de actores armados.

Por nuestro lado, la sociedad civil permanece comprometida a seguir participando en abogacía e instancias para promover políticas de drogas basadas en los derechos humanos, así como para asegurar que los compromisos tomados en la UNGASS 2016, la Declaración Ministerial de Alto Nivel de 2019, y las Posiciones Comunes de las Naciones Unidas sobre las políticas de drogas y sobre el encarcelamiento avancen con implementación efectiva en todo nivel. Por todo ello, instamos a los miembros de la CICAD a:

• Alentar a los estados a reformar las políticas de drogas represivas. Solicitamos que se deje de criminalizar a las personas que usan drogas y que se respete el principio de proporcionalidad, mediante el establecimiento de alternativas al encarcelamiento y disminución de las penas por delitos no violentos relacionados con las drogas.
• Tratar los problemas asociados al uso y a la dependencia de las drogas desde la perspectiva de salud pública. Se debe garantizar el acceso universal a servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños e integración social.
• Asegurar la calidad de los servicios y proporcionar recursos suficientes. Los servicios de atención de las personas con dependencia respecto a las drogas deben basarse en fundamentos científicos y ajustarse a principios éticos. Solicitamos que se inviertan más recursos en tratamiento, educación y rehabilitación bajo una perspectiva de atención continua y con enfoque de género.
• Facilitar el acceso irrestricto a la atención de la salud de las personas privadas de libertad quienes usan drogas. El acceso debe ser a servicios similares a los disponibles en su comunidad. En ningún caso su situación procesal puede usarse como argumento para impedir el inicio o continuidad del tratamiento y de servicios de reducción de daños.
• No aplicar políticas que pongan en mayor peligro la vida de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que cultivan plantas para los mercados ilegales. Reducir violencias y construir nuevos indicadores de éxito de las políticas de drogas referidas al ámbito de la producción de cultivos de coca, amapola y marihuana en el continente es una necesidad.
• Garantizar el respeto por los derechos humanos en todas las medidas emprendidas, y prestar atención particular a la perspectiva de género en todos los aspectos de políticas sobre drogas. Solicitamos tomar en consideración las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas y la Posición Común sobre drogas del sistema de las Naciones Unidas que, conforme al derecho internacional, incluidos los instrumentos del Sistema Interamericano, resumen las obligaciones jurídicas concretas que tienen los Estados en la materia.

Reiteramos la disposición de las organizaciones que represento para seguir siendo interlocutoras críticas, pero también constructivas en pro de estos objetivos comunes.

Finalmente, sabiendo que la sociedad civil juega un papel crucial para garantizar el respeto por los derechos humanos, instamos a los Estados Miembros de la OEA a mantener los espacios de diálogo en la CICAD.

Firmantes:

• Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID)
• La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
• Dianova International
• Intercambios A.C.
• México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
• Youth RISE
• International Drug Policy Consortium (IDPC)
• Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia)