Los desacuerdos sobre las zonas preferenciales de cultivo y la intromisión del gobierno en la gobernanza de los grupos cocaleros han desatado tensiones.
La invasión implica el riesgo de enraizar y acentuar la represión del gobierno contra organizaciones percibidas como adherentes de valores considerados “occidentales” por el régimen, incluyendo las que trabajan por la reducción de daños y la prevención del VIH.
Una prohibición impuesta sobre una de las escasas fuentes de ingreso para comunidades de agricultores supondría un desastre para millones de personas que ya se encuentran al borde de la hambruna.
El IDPC y Amnistía Internacional urgen al Relator Especial sobre Camboya y al Consejo de Derechos Humanos para que exhorten al gobierno de Camboya a que reduzcan significativamente la detención y el encarcelamiento arbitrarios, incluyendo una evaluación y modificación de políticas punitivas referidas a drogas.
Cerca del 60% de la desorbitada población carcelaria de Camboya, que es 343% mayor que la capacidad de sus prisiones, está en situación de detención relacionada con delitos referidos a drogas.
La prohibición de una de las pocas fuentes de ingresos de las comunidades rurales supondría un desastre para millones de personas que ya están al borde de la hambruna.
El proyecto de ley pretende desclasificar el cannabis a nivel federal, eliminar los antecedentes penales relacionados y destinar recursos a programas sociales.
Un enfoque sesgado sobre la reducción de la oferta descuida el rastro de violencia que dejan las medidas represivas, especialmente en las comunidades marginadas.
A través de esta convocatoria, la campaña "Apoye. No Castigue" (o "Acompañe. No Castigue") busca identificar y apoyar a organizaciones socias locales (hasta 7) con una financiación de entre USD $4.000 y 5.000 para proyectos estratégicos, creativos y de colaboración que tengan lugar entre junio y diciembre de 2022, con un lanzamiento alrededor del Día de Acción Mundial de Apoye. No Castigue (26 de junio).
La coalición de la sociedad civil enfatiza que los retos relacionados con las drogas tienen un carácter social, y requieren enfoques de reducción de daño antes que criminalización.
