Cuando se le implementa correctamente, la descriminalización del consumo y la posesión personal de drogas puede tener beneficios significativos para la salud, el bienestar y los derechos de las personas que consumen drogas
El IDPC y el HRI hacen un llamamiento para que la sociedad civil y las comunidades participen de forma significativa en el Programa Conjunto de la ONU sobre Filipinas, y para que éste se centre en alinear la política nacional de drogas con las normas de derechos humanos.
La regulación de las cooperativas y del cultivo doméstico pretende llenar el vacío de los planes originales que giraban en torno a la despenalización del cultivo doméstico.
Si bien el sistema depende de la discreción policial, el cambio refuerza los llamados de activistas de enfocar las cuestiones de drogas desde una perspectiva de salud.
Los debates de alto nivel sobre la descriminalización de la posesión de drogas y cambios a criterios de imposición de sentencias no se han materializado, pese a la urgencia.
Al integrar a las personas usuarias en la distribución de naloxona y programas de derivación, el pañis ha reducido significativamente sus muertes por sobredosis.
Para afirmar los derechos, las políticas públicas deben rechazar tanto la criminalización como el paternalismo, buscando responder a las causas que subyacen la implicación en economías criminalizadas.
Deshacer los daños de las políticas punitivas sobre drogas y construir alternativas sostenibles requiere centrar las experiencias de las comunidades negras con la “guerra contra las drogas”.
