Organizaciones de la sociedad civil exhortan a la CICAD a retomar el liderazgo que solía caracterizarle en generar debates sobre la eficacia y dirección de las políticas de drogas.
Las respuestas al VIH, las hepatitis víricas y las ITS deben basarse en las pruebas inequívocas que corroboran la importancia de la reducción de daños, la despenalización y el liderazgo comunitario.
Pese a tener la evidencia de su lado, organizaciones como la Fundación Andrey Rylkov enfrentan los retos de un gobierno aferrado a dañinos enfoques punitivos.
Los retos que enfrentan las mujeres que consumen drogas están abrumadoramente vinculados con la prohibición y exacerbados por ésta, y no por las propias sustancias.
Amnistía Internacional renueva su invocación a la ONU y sus Estados Miembros para acabar con el uso de la pena de muerte para delitos relacionados con drogas.
Urgen políticas de drogas basadas en la evidencia, programas de cuidado y bienestar de calidad que integren consideraciones de carácter socio-estructural y discursos que rechacen el estigma y la marginalización.
El estudio pone de manifiesto el pésimo estado de la prestación de servicios a las personas que consumen drogas y reclama importantes inversiones en los sistemas sanitarios y de apoyo.
El sistema de derechos humanos de la ONU debe continuar arrojando luz sobre el impacto destructivo de leyes punitivas referidas a drogas sobre el disfrute de derechos, incluyendo el encarcelamiento y la detención administrativa.
