La pandemia del COVID-19 ha obstruido drásticamente servicios para reducción de daños que salvan vidas para personas que consumen drogas en todo el mundo.
Abolir la DEA y descriminalizar todas las drogas ahorrará decenas de miles de millones de dólares que pueden ser redirigidos hacia la investigación y servicios de salud.
Activistas confían en que un mercado regulado reducirá la violencia asociada con el mercado lucrativo y criminalizado, pero advierten que las regulaciones centradas en las empresas podrían promover la exclusión.
Se producen reconsideraciones a partir de un amplio clamor respecto a la postergación de enfoques de salud pública y derechos humanos, y de la participación de la sociedad civil.
El arresto del exministro de Defensa de México, acusado de narcotráfico, ilumina que los escalones superiores del país están involucrados en la corrupción y el crimen organizado.
La reforma del cannabis ha visto una plétora de obstáculos levantarse contra ella; desde tácticas de estancamiento burocrático intencional, hasta oposición de mano dura.
Los efectos del COVID-19 se han agravado las dificultades que ya padecen las mujeres en la sierra de Guerrero (México), acrecentando la precariedad en la que viven.
Activistas comunitarios han proporcionado un salvavidas crucial a las personas que consumen drogas y están en situación de vulnerabilidad, a menudo a gran costo a nivel personal y enfrentando represalias de las autoridades públicas.
