En la mayoría de países en América Latina, los delitos relacionados con drogas son la principal causa para encarcelamiento de las mujeres, con devastadoras consecuencias para su salud mental, física y reproductiva, y la de sus seres queridos.
WHRIN destaca su reciente trabajo sobre el tema tan poco estudiado del consumo de drogas y la madurez, visto a través de la lente de las mujeres que consumen drogas.
Al revisar los efectos de la regulación del cannabis, el gobierno debe garantizar la participación en la industria de esta sustancia de los pueblos indígenas y grupos racializados que históricamente figuran quienes más pierden en la "guerra contra las drogas".
Un reciente estudio elaborado en California desmiente el mito de que el consumo de drogas es el factor principal que impulsa que la gente se quede sin hogar; el estudio plantea eliminar la criminalización y estigmatización del consumo de drogas para facilitar el acceso a una vivienda segura y estable a personas sin hogar.
Aunque ofrecen una vía para la no criminalización de la primera y segunda intervención en delitos de posesión de drogas, las elevadas multas conllevan el riesgo de perpetuar el involucramiento de las personas que usan drogas en el sistema legal penal, particularmente las más vulnerables.
Los participantes declararon haber mejorado su salud y sus expectativas de vida, incluyendo la dependencia de las drogas callejeras, interacciones dañinas con la policía y exposición a la violencia.
La declaración subraya que los Estados que mantienen la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas contravienen inequívocamente el derecho internacional.
El acuerdo se produce en un contexto de creciente violencia en Ecuador, así como de una larga historia de implicación de EEUU en la política de drogas latinoamericana.
La nueva política acierta en reconocer el fracaso de la "guerra contra las drogas", pero se queda corta en cuestiones relacionadas al cultivo de coca, seguridad en contextos rurales, arquitectura institucional, entre otras.
Bolivia solicita una revisión crítica de la hoja de coca, argumentando que la clasificación actual va en contra de las pruebas científicas y vulnera los derechos, en particular de los pueblos indígenas.
