El IDPC destaca las crecientes tensiones de la última sesión de la CND, en la que destacaron las divisiones geopolíticas y los desafíos al paradigma punitivo del control de drogas, potenciados por la sociedad civil.
ONUSIDA destaca la importancia de la inversión, la reforma de políticas y la lucha contra las desigualdades para acabar con el sida como una amenaza pública para el año 2030.
El Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza pide que se abandonen las medidas punitivas y se reconozca la reducción de daños como marco para abordar las vulnerabilidades específicas de las personas usuarias de drogas.
COPOLAD publica una guía para las personas que trabajan con las comunidades de la diversidad sexual en México que usan sustancias psicoactivas, ofreciendo un abordaje desde una perspectiva centrada en las personas y sus contextos.
COPOLAD publica una guía con información actualizada para que instituciones y organizaciones implementen estrategias que aborden su prevalencia e impacto, respetando los derechos humanos.
COPOLAD muestra cómo estas iniciativas pueden promover la relevancia y la eficacia del desarrollo alternativo en territorios afectados por drogas distintos a los lugares rurales de cultivo ilícito.
Stoicescu et al. concluyen que la intersección de la violencia de pareja y la violencia sexual policial se asoció con un aumento de casi cuatro veces en la sobredosis no mortal.
Amnistía Internacional, UNJUST UK, HRI y el IDPC arrojan luz sobre las disparidades raciales en la acción policial sobre drogas y las violaciones de derechos humanos asociadas, instando a la descriminalización, la reorientación de los recursos hacia los sistemas de atención y una reforma equitativa.
Allen et al. revelan el valor de las intervenciones comunitarias para prevenir brotes de VIH, y destacan el potencial de ampliar los servicios para las comunidades de personas usuarias de drogas con el fin de evitar brotes.
El HRI destaca cómo la escasa inversión en reducción de daños en los países de ingresos bajos y medios obstaculiza el avance hacia los objetivos sanitarios mundiales, mientras prevalecen costosas políticas punitivas en materia de drogas.
APCOM e IDPC instan al público, a las fuerzas del orden y a los responsables políticos de Tailandia a que ayuden a garantizar la igualdad y la equidad para las personas LGBTQ+ usuarias de drogas, especialmente en su acceso a los servicios sanitarios y sociales, y a acabar con el estigma y la discriminación de que son objeto.
