Los EE.UU. reconsideran políticas severas para la determinación de sentencias por delitos de drogas
Por Elizabeth Lincoln
En todo el continente americano, actualmente se viene produciendo un debate sin precedentes sobre la reforma de las políticas sobre drogas. Aunque al presente no existe un consenso regional sobre la forma en que se adoptarían las reformas,existen al menos dos temas alrededor de los cuales se da un consenso cada vez mayor: la necesidad de abordar el consumo de drogas como un tema de salud pública, antes que como un problema penal; y la necesidad de promover alternativas al encarcelamiento para quienes cometen delitos no violentos de poca monta, y de garantizar la proporcionalidad en las sentencias impuestas por delitos relacionados a drogas. Las leyes draconianas sobre drogas fueron a menudo adoptadas en países de América Latina a solicitud—e incluso bajo presión directa, sea diplomática, política o económica— del gobierno de los EE.UU. Dichas leyes han alimentado la crisis penitenciaria de la región, creando crisis humanitarias (de las cuales Brasil es sólo un ejemplo) y que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras siguen expandiéndose la delincuencia, la violencia y la corrupción relacionadas al tráfico de drogas.
Sin embargo, reformas recientes del sistema de justicia penal sugieren que los EE.UU. están cambiando su enfoque hacia estos temas dentro de sus fronteras. La mayoría de la atención internacional referida a temas de políticas sobre drogas en los EE.UU. se ha centrado en iniciativas locales y estatales para descriminalizar el consumo de cannabis y, más recientemente en los estados de Colorado y Washington (2012), Alaska y Oregón (2014), en crear mercados legales regulados de cannabis para uso recreativo. (En noviembre de 2014, los votantes del Distrito de Columbia aprobaron por abrumadora mayoría una iniciativa para legalizar el cannabis, pero algunos congresistas están intentando bloquear la implementación de la iniciativa). Al mismo tiempo, sin embargo, en la capital del país actualmente viene recibiendo seria consideración la cada vez mayor indignación popular respecto a las severas sentencias mínimas obligatorias por delitos relacionados a drogas, el sesgo racial en la aplicación de las sentencias, y el costo de estas medidas para individuos, familias y comunidades de todo el país. Autoridades estadounidenses de ambos partidos políticos reconocen cada vez más que la asignación de enormes recursos para las cárceles impide atender otras prioridades, como promover la seguridad ciudadana y prevenir la trata de personas; y que el modo en que las leyes sobre drogas se han aplicado en los EE.UU. ha socavado la confianza en el sistema de justicia del país.
Los estados han marcado la pauta con sus esfuerzos para reformar el sistema de sentencias, reduciendo los índices de encarcelamiento sin impactos negativos perceptibles; por el contrario, en la mayoría de aquellos estados los índices de delincuencia de hecho disminuyeron. En el ámbito federal ya se reconoce el éxito de estas reformas. El Departamento de Justicia de los EE.UU. ha propuesto muchas iniciativas que podrían reducir considerablemente el número de reclusos en cárceles federales, como la Iniciativa Inteligencia contra el Crimen (Smart on Crime Initiative), la Iniciativa de Indulto (Clemency Initiative) y la Ley de Drogas Menos Dos (Drugs Minus Two), las cuales se describen con mayor detalle más adelante. Además, en el Congreso de los EE.UU. se han presentado varios proyectos de ley para reformas, las cuales han contado con un insólito apoyo bipartidista.
Con apenas el 5 por ciento de la población mundial, los EE.UU. representan el 25 por ciento de toda la población penitenciaria en el mundo. Como resultado de las iniciativas en marcha emprendidas por los estados, ha empezado a disminuir por primera vez desde 1980), bajando en unas 5.000 personas el número de presos en los EE.UU en el año 2013. Se espera que ese número disminuya en otras 12.000 personas en 2014 y 2015. Aunque esta cifra sólo representa una gota en el mar, ante los 2,2 millones de personas encarceladas en el país, constituye un paso claro en la dirección correcta.
En última instancia, una reforma significativa respecto a la determinación de sentencias en los EE.UU. depende de que el Congreso apruebe cambios legislativos. Pese al apoyo bipartidista para abordar el problema del encarcelamiento excesivo, la situación de estancamiento político en la capital del país sugiere que tal gestión legislativa probablemente no ocurrirá en el corto plazo. No obstante, las iniciativas de reforma anunciadas por el Departamento de Justicia de los EE.UU. claramente beneficiarán a un sector, aunque pequeño, de la población carcelaria del país, y en el futuro deberían ayudar a crear un entorno conducente a reformas más significativas. Lo más importante para los gobiernos y las sociedades de América Latina es que el gobierno de los EE.UU.—después de liderar una cruzada en favor de leyes severas sobre drogas—está actualmente enviando un poderoso mensaje a todos los países del hemisferio de que ha llegado el momento para reformar las leyes injustas sobre estas sustancias.
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