Leyes punitivas sobre drogas: 10 años socavando las Reglas de Bangkok

Por Marie Nougier (IDPC) y Adrià Cots Fernández (IDPC)

Durante siglos, las leyes penales, los sistemas judiciales y las prisiones han sido diseñadas por y para hombres. Las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes de 2010, también conocidas como "Reglas de Bangkok", rompen con esta historia al establecer el primer conjunto de estándares internacionales de derechos humanos centrados en las necesidades y experiencias específicas de las mujeres privadas de libertad.

Diez años después de la adopción de las Reglas de Bangkok por parte de los 193 países representados en la Asamblea General de la ONU, muchos estados han sido en gran medida incapaces de implementar las Reglas. Mientras tanto, el número de mujeres encarceladas ha seguido aumentando de forma preocupante. Se calcula que en 2020 unas 741.000 mujeres estaban encarceladas en todo el mundo, frente a unas 636.000 en 2010. La población penitenciaria femenina mundial aumentó en torno al 59% entre 2000 y 2020.

Esta preocupante tendencia se ha visto alimentada por las leyes de drogas duramente punitivas adoptadas a finales del siglo XX. En muchos países de Asia y América Latina, los delitos de drogas son la principal causa de encarcelamiento de mujeres. En la mayoría de los casos, las mujeres son detenidas por llevar a cabo actividades tales como el mero transporte de drogas, que se caracterizan por un alto riesgo personal, un alto grado de sustituibilidad dentro de las organizaciones de tráfico de drogas, y una muy baja recompensa económica.

Políticas punitivas tales como el uso desproporcionado de la prisión preventiva, las penas de prisión obligatorias para delitos de drogas, o la ausencia en las cárceles de servicios de reducción de daños y de tratamiento basados en evidencia, han afectado de forma desproporcionada a las mujeres. Dichas políticas también han ignorado las razones por las que las mujeres se ven involucradas en la economía ilegal de drogas, incluyendo la intersección de pobreza y obligaciones de cuidado de dependientes, y la coerción o influencia por parte de hombres en la familia o la pareja. En otras palabras, han socavado la aplicación de las Reglas de Bangkok.

Para los defensores de la reforma de las políticas de drogas en todo el mundo, el décimo aniversario de las Reglas de Bangkok es una importante oportunidad para recordar a los Estados que las políticas de igualdad de género, la justicia penal y las leyes sobre drogas no existen en mundos aislados. Si los Estados quieren aplicar una verdadera agenda de igualdad de género, deben revisar las leyes y políticas que la socavan, incluida la legislación sobre drogas.

Este documento informativo analiza las formas concretas en que la legislación punitiva sobre drogas ha repercutido en la consecución de las Reglas de Bangkok, y ofrece varias recomendaciones sobre cómo trasladar los compromisos establecidos en las Reglas de Bangkok a la política de drogas. Entre ellas se encuentran las siguientes recomendaciones urgentes:

• Reducir el hacinamiento en las cárceles liberando inmediatamente a todas las mujeres encarceladas por delitos de drogas menores o no violentos, incluyendo pero no limitándose al uso y posesión de drogas para uso personal, así como a los delitos no violentos de suministro de drogas cometidos por mujeres en situación de vulnerabilidad, y garantizar un apoyo adecuado para la transición a la comunidad.
• En el contexto de la COVID-19 es especialmente urgente liberar a las mujeres encarceladas en situación de riesgo para su salud, a las mujeres en situación de vulnerabilidad tales como mujeres mayores, discapacitadas, embarazadas, y a las mujeres con hijos u otras personas dependientes a su cargo.
• Modificar urgentemente las leyes y políticas existentes para garantizar que las mujeres acusadas, encausadas o condenadas por delitos de drogas menores o no violentos puedan acogerse a alternativas al encarcelamiento y al castigo.
• Garantizar que las mujeres que permanezcan en prisión durante la pandemia tengan acceso a servicios de drogas estrictamente voluntarios, respetuosos para con los derechos humanos, y que tengan un enfoque de género. Dichos servicios deben incluir la reducción de daños, el tratamiento basado en evidencia, y servicios de apoyo adicionales centrados en abordar historias pasadas de trauma, violencia de género y salud mental, entre otros.