El IDPC arroja luz sobre las políticas nacionales de descongestión de prisiones durante la actual pandemia de COVID-19, destacando las oportunidades, los retos y las lecciones aprendidas.
O’Gorman y Schatz esbozan los beneficios de alianzas entre la sociedad civil e instituciones políticas para abordar las necesidades de personas que consumen drogas respecto a reducción de daños.
Diez años después de la adopción de las Reglas de Bangkok, los países han fracasado en gran medida en su aplicación, mientras que el número de mujeres encarceladas ha aumentado drásticamente.
Wisse et al. sostienen que cambios en las respuestas estatales al consumo de drogas y temas relacionados deben preparar el camino para el cambio positivo y sostenible en los sistemas sanitario y de justicia penal.
Rigoni et al. sugieren que, pese a los retos relacionados con la obtención de recursos, la sociedad civil puede aportar valor al monitoreo de la reducción de daños en la región.
EHRA examina los servicios para reducción de daños que brindan 10 países a personas que consumen drogas, en un entorno de emergencia de la salud pública.
Conectas, el IDPC y la INNPD presentan sus opiniones ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, enfocándose en las graves violaciones del derecho a la salud de las personas que consumen drogas en Brasil.
