Dennis et al. presentan una serie de artículos que emplean el concepto de "narcofeminismo", un movimiento colectivo de mujeres usuarias drogas para movilizarse, luchar por su derecho a la autodeterminación y hacer oír su voz.
La INPUD presenta un conjunto de herramientas de buenas prácticas, centradas en intervenciones clave de reducción de daños, basadas en entrevistas con veinte activistas consumidores de drogas y especialistas en reducción de daños de diversos países.
IDPC, Amnistía Internacional, CDPE, HRI, DPA, Release y CELS aportan pruebas sobre el papel de las políticas de drogas como motor de la actuación policial y el encarcelamiento discriminatorios.
El IDPC e ICEERS sostienen que el derecho de los pueblos indígenas a cultivar, utilizar, poseer, curar y viajar con sus plantas ancestrales debe consagrarse como parte de un derecho a la salud libre de discriminación racial.
Khair et al. demuestran cómo los lugares de consumo supervisado de drogas no sólo salvan vidas, sino que también ofrecen un notable ahorro de costes en comparación con los costes de gestionar las sobredosis mediante el uso de los servicios de urgencias.
Ali et al. analizan la política de descriminalización de la Columbia Británica e instan a los responsables políticos a consultar a los consumidores de drogas para comprender y minimizar las posibles consecuencias perjudiciales de los umbrales establecidos.
El IDPC celebra que la Junta preste cada vez más atención a las cuestiones de derechos humanos y a la regulación del cannabis, al tiempo que lamenta la tergiversación de la evidencia sobre este último tema, las interpretaciones erróneas de la relación entre los derechos humanos y los tratados de control de drogas, y la falta de una reflexión constructiva sobre cómo abordar la proliferación de infracciones sistémicas en el régimen mundial de fiscalización de drogas.
El IDPC, el CDPE, el Instituto RIA, el HRI y la Fundación Health[e] aportan datos y recomendaciones sobre la importancia de la descriminalización para el cumplimiento de los derechos humanos de las personas usuarias de drogas.
ONUSIDA subraya cómo es necesaria una mayor voluntad política para acabar con el sida invirtiendo en respuestas sostenibles que incluyan prevención y tratamiento basados en pruebas, integración de los sistemas sanitarios, leyes no discriminatorias, igualdad de género y redes comunitarias sólidas.
La Coalición Canadiense sobre Políticas de Drogas ofrece información sobre prioridades basadas en valores y centradas en la implementación que centran el liderazgo de las personas usuarias de drogas en el desarrollo y la expansión de modelos de suministro seguro en Canadá.
Olding et al. destacan las numerosas funciones que los lugares de prevención de sobredosis desempeñan en la vida de las personas y cómo las adaptaciones a la elevada demanda pueden tener repercusiones no deseadas en las mismas, subrayando la importancia de los cambios estructurales complementarios y las innovaciones en los servicios.
El IDPC hace un llamamiento al sistema de la ONU y a los Estados miembros para que inicien un proceso de evaluación del impacto del régimen mundial de control de drogas sobre los derechos humanos y propongan medidas concretas para su reforma y modernización.
