Yimsaard et al. señalan la necesidad de supervisar cuidadosamente el impacto de la legalización del cannabis sobre la salud pública de Tailandia, y subrayan que se debe disponer de lineamientos basados en evidencias para informar estrategias de prevención e implementar intervenciones para las poblaciones de riesgo, incluyendo a las personas adultas jóvenes.
Ramos et al. destacan que la experiencia boliviana con el control social de la coca deja varias lecciones replicables para los países de la región andina porque ha trazado un camino hacia la descriminalización de las actividades productivas con la hoja.
INPUD ofrece un recurso para elaborar recomendaciones de reforma legislativa y política con el fin de eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas usuarias de drogas a los servicios esenciales relacionados con el VIH, así como a los servicios de reducción de daños y otros servicios sanitarios relacionados.
Bratberg et al. destacan que la descriminalización ofrece ventajas para quienes trabajan en farmacia y sus pacientes al romper el ciclo de desesperación causado por el sistema judicial y anima a la profesión a abogar por la implementación, evaluación y expansión de las políticas de descriminalización.
Lasco sostiene que someter a los alumnos a pruebas obligatorias de drogas supone una carga para los recursos del sistema escolar y expone al estudiantado al riesgo de estigmatización y violencia mortal.
Amnistía Internacional ayuda a visibilizar violaciones a los derechos humanos cometidas en nombre de las políticas referidas a drogas, incluyendo aquellas relacionadas con violencia policial, detención arbitraria y obstáculos a la reducción de daños.
El Foro reunió a personas expertas de gobierno, de la ONU y de la sociedad civil para debatir sobre los retos en materia de desarrollo, salud y derechos humanos en relación con el control de drogas antes de la revisión intermedia de 2024 de la aplicación de la Declaración Política de 2019.
El IDPC aborda las tensiones a las que se enfrenta la JIFE, y el régimen mundial de fiscalización de drogas en su conjunto, en relación con el creciente número de jurisdicciones que adoptan mercados regulados legalmente, y concluye sobre la necesidad de reforma y modernización.
La EHRA ofrece un recurso para facilitar el análisis y cotejo de las violaciones de derechos humanos documentadas, así como su presentación a los organismos internacionales de rendición de cuentas.
La RIOD ofrece una guía práctica para mejorar la participación de las ONG en los espacios decisorios internacionales relacionados con las políticas de drogas, la salud, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Celidwen et al. sugieren un marco para considerar relaciones más respetuosas entre las instituciones occidentales y las medicinas psicodélicas indígenas, con vistas a resistir el extractivismo y la comercialización.
