El objetivo de este informe es examinar y evaluar este mecanismo para llevar adelante una reforma jurídica sin necesidad de una reforma legislativa, así como analizar el debate específico en torno a la imposición de penas por delitos de drogas en que ha desembocado.
Este informe pretende ofrecer al lector un resumen de lo sucedido en la Sesión 53 de la Comisión de Estupefacientes, incluidos los diversos actos paralelos, así como algunos análisis de las discusiones y los debates clave.
Este informe documenta las complejidades y decepciones de las relaciones de la administración de Obama con América Latina en su primer año, con un enfoque particular en las relaciones militares de EE.UU. con la región.
El 1 de febrero de 2010, Jonathan Lucas fue nombrado nuevo Secretario de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE o Junta) y jefe del Secretariado de la JIFE. El IDPC ha identificado importantes áreas que son motivo de preocupación sobre las que desearía llamar la atención del nuevo Secretario.
Este informe del IDPC se refiere a dos guías para responsables políticos nacionales: el ‘Guía sobre Políticas de Drogas’ del IDPC y ‘Desarrollo de políticas públicas sobre drogas: guía para responsables políticos, técnicos u expertos’ de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la Secretaría de la Comunidad del Caribe. El informe proporciona recomendaciones detalladas a responsables políticos latinoamericanos para que adopten políticas de drogas más eficaces y humanas.
El objetivo de esta guía es ofrecer a nuestros socios regionales y nacionales un recurso que puedan utilizar para orientar la revisión de las políticas y los programas nacionales de drogas en sus respectivos campos de especialización y para interactuar con responsables de políticas con el fin de colaborar hacia la mejora de dichas políticas y programas. La guía se actualizará anualmente para reflejar las novedades que vayan surgiendo con las investigaciones de base empírica y el desarrollo de experiencias.
El tráfico de armas de Estados Unidos (EEUU) hacia México es un tema central de la relación bilateral, estrechamente relacionado con el tráfico de drogas y particularmente con la violencia letal desplegada por las organizaciones mexicanas de traficantes. La violencia es un recurso potencial de cualquier negocio ilegal, pero su escalamiento actual está en gran medida asociado a la disponibilidad de armas de alto poder como las que se trafican desde EEUU hacia México. El tráfico de armas, al igual que el de las drogas, implica una relación de corresponsabilidad entre los países de origen y de destino; las responsabilidades y las capacidades de los estados son diferentes y las acciones y políticas que deben emprenderse también.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicó su último informe sobre la situación del mercado mundial de los estupefacientes ilegales, el Informe Mundial sobre las Drogas 2009, el día 24 de junio. Fue la primera edición de lo que se presenta como la publicación estrella de la ONUDD desde que finalizó, el pasado mes de marzo, el proceso de revisión de la UNGASS de 1998. Por ese motivo, se esperaba el Informe con gran expectativa, no sólo por lo que diría con respecto a las tendencias de los mercados mundiales de drogas, sino también por lo que revelaría sobre la perspectiva que comparten los altos cargos de la propia ONUDD tras el período de revisión. La respuesta del IDPC ofrece un análisis de tres temas claves en el documento del ONUDD: el prefacio del director ejecutivo, el nuevo enfoque sobre los datos, y las “consecuencias imprevistas” o daño colateral de las políticas de drogas.
Este informe presenta un resumen de buenas prácticas en reformas legislativas de drogas de todo el mundo, que representan un alejamiento del modelo represivo de la tolerancia cero y un avance hacia políticas de drogas más humanas y fundamentadas en pruebas empíricas. Los ejemplos reflejan las lecciones aprendidas en la práctica con la aplicación de enfoques menos punitivos y su impacto en los niveles de consumo de drogas y los daños asociados sobre los individuos y la sociedad.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado la Resolución A/HRC/12/L.24 sobre la protección de los derechos humanos en el contexto del VIH y el SIDA, que reconoce ‘la necesidad de que el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA amplíe y fortalezca considerablemente su colaboración con los gobiernos nacionales y trabaje con todos los grupos de la sociedad civil para subsanar las deficiencias en el acceso a los servicios para los usuarios de drogas inyectables en todos los contextos, incluidas las cárceles, elaborar modelos integrales para la prestación de servicios adecuados a los usuarios de esas drogas, hacer frente al problema de la estigmatización y la discriminación, y apoyar el aumento de la capacidad y los recursos para la prestación de un conjunto de servicios a los usuarios de drogas inyectables, entre ellos programas de reducción de daños en relación con el VIH’.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado la Resolución A/HRC/12/L.23 sobre el acceso a medicamentos en el contexto del derecho de toda persona al disfrute almás alto nivel posible de salud física y mental.
Esta nota para la incidencia política analiza los retos clave a los que se enfrenta la ONUDD en el campo de las políticas de drogas en los próximos años.