El Centro para Innovación en la Corte sostiene que la manera más efectiva para que los tribunales de drogas evolucionen es mediante la integración de prácticas y principios de reducción de daños, que se propone reducir los daños relacionados a consumo de drogas, aplicación racializada de leyes sobre drogas, y disparidades sociales de salud.
El PNUD discute datos específicos de Tailandia sobre comportamientos de la comunidad LGBT relacionados con el consumo de sustancias que potencialmente pondrían en riesgo a personas LGBT, y brindan recomendaciones para asegurar su protección.
Greer et al. discuten respuestas no penales a la posesión de drogas a través de tres categorías analíticas: 1) Arquitectura de reformas, 2) criterios de elegibilidad, y 3) acciones emprendidas a partir de la detección de drogas para consumo personal.
El IDPC ofrece un análisis histórico de la incidencia de la sociedad civil para la reforma de políticas referidas a drogas en la ONU, evaluando logros y retos, así como reflexiones sobre cómo típicamente se han superado éstos últimos.
La Defensoría del Público argentina ofrece diez recomendaciones sobre como los medios deben enfocarse y retratar a las personas en situación de consumos problemáticos de drogas.
WHRIN y YouthRISE presentan los temas y recomendaciones centrales para acabar con los daños causados a mujeres jóvenes por políticas punitivas referidas a drogas.
Informe de HRI sobre las políticas inhumanas, desproporcionadas y militarizadas para el control de drogas en Sri Lanka, desde su marco legal discriminatorio hasta el uso de la pena de muerte por posesión simple.
Kilmer et al. discuten las inequidades asociadas con la prohibición del cannabis, particularmente su aplicación en contra de comunidades racializadas, y consideran oportunidades para impulsar la equidad social en el área de políticas sobre cannabis.
RAND resume los potenciales impactos de una disminución en la demanda de opiáceos afganos, urgiendo a la comunidad internacional a monitorear el mercado e invertir en desarrollo rural.
Kavanagh et al. brindan evidencias sobre el impacto negativo de criminalizar a poblaciones clave en relación con la condición de VIH+ y la supresión viral.
